EscucharPuerto Príncipe. El 7 de julio del 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moise, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.
Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose. Aquel día, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.
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Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos. Pero los procesos judiciales posteriores, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, han avanzado con extrema lentitud.
Desde la muerte de Moise, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.
Para peor, la justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.
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Ceremonia en honor del difunto presidente haitiano, Jovenel Moise, en el Museo del Panteón Nacional en Puerto Príncipe, Haití. (VALERIE BAERISWYL/AFP)
Primer ministro bajo sospecha
La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.
Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia. Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan “serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República”, según dijo.
La muerte de Moise agravó la crisis política estructural que padece Haití. El parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en el 2017, Moise no había convocado elección alguna. Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.
Henry está al frente de un país en el que los líderes políticos y las instituciones carecen de la legitimidad que les daría la celebración de elecciones y que además está minado por la inseguridad.
Evidencia clasificada en EE. UU.
Mientras tanto, la justicia estadounidense inculpó a tres personas por el asesinato de Moise, actualmente detenidas en Miami. La policía judicial haitiana estableció, en su informe de investigación, que el complot contra el presidente había sido urdido en el estado de Florida y que los mercenarios colombianos fueron reclutados por una empresa de seguridad basada en Miami.
En enero pasado, Mario Palacios, un ciudadano colombiano sospechoso de ser uno de los cinco hombres armados que ingresaron a la habitación donde el presidente fue asesinado; y Rodolphe Jaar, un haitiano-chileno, fueron formalmente inculpados.
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En junio se les sumó el exsenador haitiano John Joel Joseph, acusado de complicidad en el asesinato. Un cuarto presunto miembro del comando fue arrestado en el aeropuerto de Estambul en noviembre, pero la justicia turca rechazó el lunes la solicitud de extradición de Haití y ordenó su liberación.
En abril un juez estadounidense propinó un duro golpe a quienes tenían esperanzas de que el proceso judicial en curso en Estados Unidos pudiera conducir a conocer los entretelones del asesinato de Moise al decidir clasificar como secretas algunas de las pruebas.
El magistrado tomó esa medida porque entre los acusados figuran dos antiguos informantes de la agencia antidrogas estadounidense DEA y un exinformante del FBI. “No vemos con buenos ojos que Estados Unidos haya decidido proteger algunas informaciones. Toda una parte de esta historia seguirá siendo secreta”, comentó una fuente judicial haitiana que prefirió conservar el anonimato.
