Agencia AFP. 7 febrero

Managua. La Policía de Nicaragua inauguró este jueves la nueva sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que incluye la construcción de más cárceles en medio de una crisis política que deja 325 muertos y más de 700 detenidos.

El complejo policial, con un costo de $5,6 millones, dispondrá de 15 celdas con capacidad para seis personas divididas entre ‘hombres y mujeres’ y área para entrevistas entre abogados y detenidos y visita familiares, informó la institución a medios oficiales.

Las celdas llamadas preventivas son muy pequeñas. Foto tomada de Twitter.
Las celdas llamadas preventivas son muy pequeñas. Foto tomada de Twitter.

La DAJ es la instancia de la policía a cargo de las investigaciones de delitos graves para apoyar al sistema judicial.

El director de la policía, Francisco Díaz, dijo que con las nuevas instalaciones tendrán más “capacidad de esclarecimiento de los hechos, especialmente de aquellos crímenes violentos y otros delitos de relevancia, que atenten contra la vida, la integridad física y los bienes de las personas, mejorando el aporte de evidencias al sistema judicial penal”.

La DAJ operaba en la llamada loma de Tiscapa, a un costado de la laguna del mismo nombre, en el centro histórico de Managua, mejor conocida como El Chipote y señalado por reos y organismos de derechos humanos como un centro de tortura.

Centenares de personas que han participado desde abril en manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega han pasado por ese lugar, según denuncias de afectados, familiares y defensores de derechos humanos.

Una delegación de diputados del Parlamento Europeo constató, durante una visita a reos en El Chipote, las condiciones insalubres, de oscuridad, humedad, camas de loza sin colchón y de aislamiento en que permanecen los detenidos, situación que hicieron pública a través de videos en redes sociales, tras concluir su estancia en el país.

El gobierno no ha dicho si cerrará ese lugar, como han demandado organismos humanitarios.

La crisis política, detonada por protestas en abril pasado contra una reforma a la seguridad social, ha dejado 325 muertos según organismos de derechos humanos. El gobierno, que califica al movimiento como un intento de golpe de Estado, reconoce 199.

Las organizaciones humanitarias también estiman en más de 700 las personas detenidas como “presos políticos” por participar en las protestas, mientras el gobierno asegura que son 340 y los califica de “golpistas” y “terroristas”.