Ginebra. AFP. México enfrenta una situación de “desapariciones generalizadas” en gran parte de su territorio, advirtió ayer un comité de Naciones Unidas en las conclusiones de un informe sobre el país, en el que pide medidas concretas como un registro preciso de las víctimas.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU aseguró que la información que recibió de México durante su primera audiencia, celebrada a inicios de febrero, “ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
La audiencia se celebró en el contexto del impacto nacional e internacional por la desaparición de 43 estudiantes en setiembre en Iguala, quienes presumiblemente acabaron siendo asesinados por narcotraficantes coludidos con policías.
Este crimen ha generado indignación sin precedentes en México desde que la violencia se desató a raíz de la ofensiva contra los carteles en el 2006. Desde ese año se han registrado más de 22.000 desapariciones.
En sus conclusiones, el Comité subrayó su “preocupación” por la falta de estadísticas precisas sobre el número de víctimas de desaparición forzada y pidió al Gobierno la creación de “un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional”.
Este registro, demandado por los grupos civiles que acudieron a Ginebra, debe servir para determinar si las desapariciones fueron perpetradas por agentes del Estado, añadió el comité.
“Si el Estado parte no sabe cuántas personas han desaparecido, es difícil establecer estrategias para la búsqueda” y el procesamiento de los responsables, dijo el relator Luciano Hazan en al presentar las conclusiones.
Otras sugerencias. El Comité (integrado por diez expertos independientes) también recomendó a México crear una “unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas”, que sea dependiente de la Fiscalía y dé respuesta a las desapariciones.
Según el organismo, “habría numerosos casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños, entre los cuales habría casos de desaparición forzada”, por lo que instó a México a trabajar con los países de origen de estas personas para instaurar un “mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la Justicia”.
Se estima que unos 200.000 migrantes, la mayoría centroamericanos, cruzan cada año de forma clandestina la frontera sur mexicana y tratan de llegar a Estados Unidos por rutas en las que se exponen a ataques del crimen organizado y abusos de autoridades.
A más de cuatro meses del crimen de Iguala, la Fiscalía mexicana sigue recibiendo críticas por su investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela de magisterio de la comunidad de Ayotzinapa.
Según la reconstrucción oficial de la Fiscalía, los jóvenes fueron atacados a tiros por policías de Iguala y luego entregados a un cartel narcotraficante, que los habría asesinado por creer que entre los estudiantes había infiltrados de un grupo rival. Los sicarios habrían incinerado sus cuerpos y arrojado los restos a un río.
Amnistía Internacional estímó ayer que las recomendaciones del Comité de la ONU “no pueden ser simples palabras huecas, sino que deben dar lugar a un cambio tangible en las políticas para abordar esta situación”.