"Estamos muy preocupados por el hecho de que dos defensores de derechos humanos", Medardo Maireno, uno de los líderes del movimiento campesino, y Pedro Mena, miembro del mismo, "puedan ser víctimas de desaparición forzada", declaró a los medios el vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, en Ginebra.
"La Policía los detuvo el viernes en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no informaron a sus familias del lugar donde se encuentran. Pedimos a las autoridades nicaragüenses que proporcionen inmediatamente informaciones sobre su localización", agregó.
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Nicaragua está sumida desde hace tres meses en una grave ola de violencia.
Desde el 18 de abril, unas 280 personas perdieron la vida en una serie de protestas contra una reforma del sistema de pensiones, que se convirtieron en un clamor para exigir la salida del poder de Daniel Ortega.
La oposición acusa a este exguerrillero de 72 años, en el poder desde el 2007 (después de haber dirigido al país entre 1979 y 1990), y cuya esposa Rosario Murillo es la actual vicepresidenta, de instaurar una dictadura y pide anticipar a marzo próximo las elecciones presidenciales de 2021.
Según el Alto Comisionado, esta "violencia que ha causado unos 280 muertos y 1.830 heridos ha sido ampliamente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales".
Colville denunció asimismo "operaciones llamadas de 'limpieza'".
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Desde el 26 de junio, varios representantes del Alto Comisionado de la ONU fueron enviados a Nicaragua, con el acuerdo de las autoridades, para evaluar la situación.
"El personal del Alto Comisionado en el terreno señala que se cometió una amplia sucesión de violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, detenciones arbitrarias", lamentó Colville.
Este martes, la ONU tenía acceso por primera vez para ver a varios detenidos en la cárcel de la Modelo, pero el Alto Comisionado pidió también tener acceso a la cárcel del Chipote, precisó el vocero.
Indicó asimismo que la ONU denuncia la nueva ley antiterrorista aprobada el lunes por el Parlamento de Nicaragua, ya que su “formulación muy imprecisa”, que considera un terrorista como “alguien que causa muertos o heridos o destruye infraestructuras públicas o privadas para intentar intimidar a la población y perturbar el orden constitucional”, puede “considerar así a una persona que sólo ejerce su derecho a protestar”.
