AFP. 1 septiembre
Guillermo Fernández Maldonado, jefe de la misión del Acnudh, habló con la prensa en Managua, el viernes 31 de de agosto del 2018.
Guillermo Fernández Maldonado, jefe de la misión del Acnudh, habló con la prensa en Managua, el viernes 31 de de agosto del 2018.

Managua. La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) abandonó este sábado Nicaragua por orden del gobierno, lo que deja al país en la mira de la comunidad internacional, después de cuatro meses de crisis política desatada por protestas con un saldo de más de 320 muertos en cuatro meses.

El grupo del Acnudh, de cuatro miembros, encabezado por Guillermo Fernández, viajó rumbo a Panamá luego que Managua ordenó su salida tras alegar que “han cesado las razones, causas y condiciones” por las que fue invitada.

"La
[sumario]OACNUDH agradece las muestras de apoyo recibidas en relación al trabajo desarrollado en Nicaragua", escribió la misión en Twitter.


El mensaje también indicó: “Continuaremos monitoreando la situación y acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad desde la Oficina Regional en Panamá”.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el próximo miércoles la situación de crisis en Nicaragua, según anunció Fernández en Managua.

“Hay pendientes reuniones importantes de Naciones Unidas. Esto mantiene por supuesto la vista internacional (en) la situación de Nicaragua”, comentó el funcionario tras conocer la medida de su expulsión.

El Grupo de Trabajo de la OEA, presidido por Canadá e integrado por 12 países, y la Unión Europea denunciaron el sábado la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a los delegados de Naciones Unidas e hicieron llamados a volver al diálogo para superar la crisis.

“Instamos al Gobierno de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y busque un resultado positivo y constructivo en esta coyuntura crítica”, indicó el Grupo en un comunicado conjunto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El diálogo en Nicaragua, que empezó el 16 de mayo con mediación de la Iglesia católica, se encuentra paralizado desde mediados de junio debido a la violenta represión de las manifestaciones y a la negativa del gobierno a abordar la democratización del país, que incluye la propuesta de elecciones anticipadas que Ortega rechaza.

Hay que rendir cuentas

“La decisión del Gobierno de Nicaragua (...) va en contra de la aspiración de una rendición completa de cuentas por las violaciones de derechos humanos y de buscar justicia para las víctimas de la violencia”, manifestó en un comunicado la vocera de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

“Esperamos que las autoridades tengan muy en cuenta las conclusiones del informe publicado por el OHCHR y tomen medidas urgentes para implementar las recomendaciones del reporte”, señaló la representante europea, usando las siglas en inglés del órgano de la ONU.

La decisión de sacar del país a la delegación de la ONU se produjo dos días después de que el organismo emitió un duro informe sobre abusos contra manifestantes antigubernamentales, lo que el gobierno de Ortega consideró una “extralimitación” de las facultades de la entidad.

Manifestantes antigubernamentales hicieron una cadena humana, el jueves 30 de agosto del 2018, en Managua, para demandar la liberación de detenidos en protestas contra el gobierno.
Manifestantes antigubernamentales hicieron una cadena humana, el jueves 30 de agosto del 2018, en Managua, para demandar la liberación de detenidos en protestas contra el gobierno.

En una misiva divulgada el viernes, la Cancillería nicaragüense dio “por concluida la invitación (a la misión de la ONU) y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto del 2018”.

Desde el inicio de las protestas en abril, la violencia deja más de 320 muertos, 2.000 heridos, una cantidad no precisa de detenidos y desaparecidos, así como miles de desplazados a Costa Rica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, lamentó igualmente la salida de la misión de la ONU y se comprometió a “cooperar entre sí, cada uno dentro de sus respectivas competencias” para lograr un diálogo inclusivo y útil en Nicaragua “lo más pronto posible”.

Según el gobierno, la invitación a la misión de la ONU tenía como objetivo acompañar el desmantelamiento de los bloqueos de carretera que mantuvieron los manifestantes antigubernamentales hasta julio, y que eliminó con una violenta campaña denominada “operación limpieza”.

Pero Fernández refutó la interpretación oficialista e indicó que para la misión la invitación era para “contribuir a la paz y seguridad del país”.

El informe de Naciones Unidas, divulgado el miércoles en Ginebra, destacó el “clima de miedo” en Nicaragua tras la violenta reacción a las protestas antigubernamentales.

“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua mientras el mundo aparta la vista”, señaló el alto comisionado, Zeid Ra’ad al-Husein.

Entre las violaciones documentadas en el informe figuran “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos”..

Ortega, de 72 años y con 11 en el poder, refutó el miércoles duramente el informe, y acusó al organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ser “un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia”.

Las protestas se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, que se volvió una demanda para la salida de Ortega y Murillo, señalados de instaurar una dictadura.