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Este domingo los peruanos eligen entre la populista de derecha Keiko Fujimori y el centroderechista Pedro Pablo Kuczynski a quien gobernará los destinos del país, ambos con modelos parecidos y bien recibidos por los agentes económicos.
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Quien triunfe este domingo, debe tener en cuenta estos cinco aspectos altamente demandados por la ciudadanía:
Un 70% de los peruanos considera que es el mayor problema. Crimen organizado, bandas de narcos, asaltos con violencia y muerte y acción de sicarios son habituales.
Fujimori plantea activar a las Fuerzas Armadas para custodiar entidades del Estado, mientras la policía combate la delincuencia. También construir cárceles a 4.000 metros de altura, en los Andes, para los delincuentes peligrosos.
Kuczynski sugiere fortalecer a la Policía, reforzar la seguridad en las cárceles existentes —desde donde bandas operan y dan órdenes por teléfono— además de generar empleo dentro de ellas para los presidiarios. También plantea que las penas sean acumulativas. Actualmente en Perú el sentenciado sólo cumple la sanción mayor.
Tras superar dos décadas de guerra interna, Perú se convirtió en la estrella de la región y pese a la crisis económica mundial, crece más que la mayoría de sus pares, aunque está alejado de su potencial de expansión de 5%.
Fujimori plantea echar mano por una única vez a un pequeño porcentaje de los fondos de reserva del país para, sumados a otros fondos estatales, reforzar la inversión en infraestructura y obras sociales en el país.
Eso elevaría el déficit fiscal al 5% del PIB, aunque progresivamente iría en retroceso, dice su equipo.
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Kuczynski planea reducir progresivamente el impuesto a las ventas de 18% a 15%, para abaratar precios y estimular el consumo. Las grandes empresas podrán descontar el íntegro de su inversión de sus impuestos. En su plan está la generación de 3 millones de empleos y dotar de agua potable a los 10 millones de peruanos que aún no cuentan con ese servicio.
Perú es uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca y cocaína, y en su economía se mueven $8.500 millones al año producto del narcotráfico.
Una comisión del Congreso ya advirtió de la infiltración de esta actividad en la política peruana.
Un tema pendiente es dotar de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera —dependiente de la superintendencia de bancos— para levantar secretos bancarios y tributarios de sus investigados. Depende del Congreso.
En Perú, importante productor mundial de oro, plata y cobre, hay una decena de proyectos clave parados o bloqueados, en muchos casos por conflictos socioambientales. Pobladores temen la contaminación de su entorno y se quejan porque la inversión no los favorece.
Según la Defensoría del Pueblo, a abril de 2016, de 145 conflictos 91 están relacionados al sector minero. Y suman 69 los muertos en protestas desde 2011.
Kuczynski plantea el "adelanto social", llegar con inversión que satisfaga necesidades básicas y postergadas de la comunidad en donde se planee la ejecución de un proyecto minero. También reformar la ley de canon para que beneficie directamente a los involucrados.
Fujimori propone reforzar la presencia del estado en las zonas de conflicto, y tener un organismo especializado en el diálogo con las comunidades.
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Tema aparte es la minería artesanal, que ha depredado la Amazonía y contaminado con mercurio a poblaciones y ríos. Ambos candidatos apuestan por formalizar su actividad evitando daños al medio ambiente.
Fujimori plantea algunas flexibilizaciones para formalizar la minería artesanal, mientras Kuczynski ofrece un banco de oro que compre formalmente el producto y lo exporte.
En Perú, un 70% del empleo se da en condiciones informales, sin que el trabajador tenga acceso a la totalidad de sus derechos laborales.
Fujimori plantea crear un régimen de tributación cero durante los dos primeros años para las pequeñas y micro empresas y promover la formalización de la propiedad como un elemento generador de riqueza. Propone crear una entidad que financie emprendimientos y mejore la productividad.
Kuczynski promueve una revolución del crédito bancario. Pasar del 35% del PIB actual al 60%, para que las pequeñas empresas tengan acceso a financiamiento y puedan formalizar su actividad.
