Ejército de Colombia pide perdón por ejecuciones de civiles

“Reconocemos que hubo hechos dolorosos cometidos por integrantes del Ejército Nacional que jamás debieron haber ocurrido”, expresó el comandante de esa fuerza, general Luis Ospina, durante un acto en Bogotá.

Los asesinos y sus cómplices “mancillaron la legitimidad” de la institución, señaló el alto mando. “Ofrecemos nuestras sentidas y sinceras disculpas” y “pedimos perdón”, manifestó frente a los parientes de las víctimas.

En su mayoría, las mujeres escucharon las palabras de Ospina y exigieron conocer la verdad sobre quién dio la orden de asesinar a esos civiles con el fin de inflar resultados militares a cambio de recibir beneficios como días de descanso y condecoraciones entre 2004 y 2008.

En julio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón por otra de estas ejecuciones. Este martes, el presidente Gustavo Petro se sumó al arrepentimiento y calificó la práctica como un “genocidio”.

“Que los fusiles no se apunten contra el pueblo nunca jamás”, sostuvo el mandatario, quien fue crítico de gobiernos anteriores y antiguos jefes militares.

Desde que colectivos de víctimas comenzaron a señalar que jóvenes fueron engañados por integrantes del ejército con promesas de empleo para después dispararles a sangre fría, los comandantes del ejército negaron que se tratara de una actuación sistemática. Incluso decían que era un invento de organizaciones de izquierda para deslegitimar a la fuerza pública.

Pero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que surgió del acuerdo de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC, determinó en 2021 que habían sido por lo menos 6.402 las víctimas de esa macabra forma de entregar resultados en la lucha contra las guerrillas.

Conocidas como los ‘falsos positivos’, las ejecuciones de civiles representan el mayor escándalo que ha manchado a los militares en más de medio siglo de conflicto armado interno.

En confesiones ante la JEP, varios militares en retiro han relatado cómo convencían a los jóvenes con ofertas de trabajo para luego asesinarlos a cientos de kilómetros de sus hogares. En su mayoría, los jóvenes de Bogotá y Soacha fueron llevados a Norte de Santander, un departamento fronterizo con Venezuela.

Algunos afirmaron que eran presionados por sus superiores e incluso han señalado al general Mario Montoya, jefe del ejército entre 2006 y 2008 y muy cercano al expresidente derechista Álvaro Uribe, en cuyo gobierno se cometieron la mayoría de los ‘falsos positivos’.

Por contar la verdad y reparar a las víctimas podrían recibir penas alternativas a la cárcel.