AFP. 23 mayo, 2018

Managua. La falta de acuerdos para avanzar en la discusión de una agenda para democratizar Nicaragua forzó ayer la suspensión, por tiempo indefinido, del diálogo político entre el gobierno y los opositores para poner fin a la crisis política que afecta el país.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció en un comunicado la decisión “dado que hoy (miércoles) no hay consenso entre las partes” tras ocho horas de infructuosa reunión en Managua.

El gobierno se negó a discutir una agenda que, entre otros puntos, propone adelantar las elecciones presidenciales para este año a fin de buscar una salida a la tensión desde mediados de abril y que deja 76 muertos hasta el momento.

Los obispos, quienes actúan como mediadores en las pláticas, propusieron crear una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, para que busquen un consenso que permita reanudar las pláticas.

“Nos sentimos urgidos de recordarles que de esta decisión y posibilidad de continuar este diálogo depende en gran parte la paz y la vida de muchos nicaragüenses”, advirtió el cardenal Leopoldo Brenes al leer el comunicado de la CEN.

El canciller Denis Moncada manifestó que la agenda propuesta, con un llamado a elecciones anticipadas, “tiene visos de desmontar el Estado constitucional del gobierno electo y (...) es una ruta camuflada” para un golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega.

Cambios políticos

Durante la jornada, la CEN puso sobre la mesa una propuesta para una reforma parcial a la Constitución y ley electoral “a fin de adelantar las elecciones presidenciales, municipales, legislativas y regionales a la mayor brevedad posible”.

Los cambios deberían incorporar un artículo transitorio con el objetivo de que las enmiendas constitucionales entren en vigencia este año y no dentro de dos legislaturas.

La convocatoria de elecciones libres y transparentes debería incluir la observación internacional de la OEA, la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, entre otros, indicó el documento presentado en el diálogo.

Según el canciller Moncada, los temas de la agenda de 40 puntos se proponen “cambiar al gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución, del ordenamiento jurídico y violando la constitución y las leyes”.

Sostuvo que el temario no fue consensuado antes de ponerlo a debate y opinó que tema principal debe ser resolver el cierre de las carreteras que esta afectando a la población y la economía.

El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, fueron elegidos en noviembre de 2016 para un periodo de cinco años que expira en enero del 2022.

Entre los puntos que propone la oposición figuran:

- Adelantar las elecciones presidenciales para el 2018 mediante una reforma parcial a la Constitución y a la ley electoral.

- Nuevas elecciones legislativas, municipales y de regiones autónomas en el Caribe.

- Eliminar la reelección presidencial consecutiva, como estipulaba la Constitución de 1995, y el porcentaje del 45% de votos para ser electo presidente. El porcentaje actual es de 40% de los sufragios válidos salvo que quien obtenga un 35% logre una ventaja de al menos 5 puntos.

- Suprimir de la Constitución un escaño en el Parlamento para el presidente y el vicepresidente salientes, y para el candidato que quede en segundo lugar de la elección presidencial.

- Reducir el número de diputados en el Parlamento, actualmente integrado por 90 miembros electos y los asignados por ley.

- Establecer un artículo transitorio que permita al Parlamento tener dos legislaturas este año “con el objetivo de que dicha reforma entre en vigencia de forma inmediata en 2018”.

- Elegir a nuevos magistrados en los poderes Judicial y Electoral, así como representantes en entidades autónomas como la Contraloría,Ffiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos.

- Restituir la personalidad jurídica a los partidos políticos que les fue suspendida.

- Devolver la a suscripción popular para presentar candidatos de la sociedad civil.

- Depurar y actualizar el padrón electoral.

- Reglamentar la procedencia de fondos para financiar las campañas electorales.

- Crear un Instituto autónomo de cedulación, con carácter constitucional.

- Sujeción a la autoridad civil del Ejército y la Policía, enfatizando en el carácter nacional y apartidista.

- Crear una comisión de la verdad integrada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatores de Naciones Unidas.