EscucharBuenos Aires
El Gobierno argentino prometió hoy que actuará con rigor para investigar a los instigadores y autores de los saqueos registrados en los últimos días en gran parte del país, en coincidencia con huelgas de policías por mejoras salariales, que han dejado hasta el momento once muertos.
El último fallecido es un joven de 20 años que permanecía internado de gravedad desde el pasado martes en un hospital del municipio de Banda del Río Salí, en la norteña provincia de Tucumán, tras recibir un disparo durante el saqueo a un supermercado, informan medios locales.
Fuentes hospitalarias señalaron que otra mujer tucumana se encuentra en “estado sumamente grave y con respiración mecánica asistida” tras ser atropellada cerca de un local que estaba siendo asaltado.
Además, otras dos personas se encuentran ingresadas en el mismo centro por heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Con la muerte del joven suman ya cinco las personas que perdieron la vida en los fuertes disturbios registrados en Tucumán, que se unen a los fallecidos en los últimos días en las provincias de Chaco, Jujuy, Córdoba y Entre Ríos.
En San Miguel de Tucumán, la capital provincial, miles de personas se manifestaron anoche en contra de las políticas de seguridad del gobernador, José Alperovich, y para exigir la renovación de los mandos policiales.
Precisamente, hoy asumió como nuevo jefe de la Policía tucumana, Dante Bustamente, tras la renuncia este miércoles de Jorge Racedo.
En una conferencia de prensa, Bustamante aseguró que su prioridad será recuperar la confianza de la ciudadanía tras los saqueos, y aseguró haber sentido “vergüenza ajena” al notar “la bronca de la gente en la cara”.
A nivel nacional, el Gobierno argentino exigió hoy a la Justicia una rigurosa investigación sobre “los autores materiales e intelectuales” de las violentas acciones de la última semana.
En una rueda de prensa, el jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, señaló además que se necesita “un debate profundo” sobre una reforma policial, pues el país no puede “estar a expensas de grupos que se apropian de bienes ajenos o generan procesos de extorsión por reivindicaciones salariales”.
“Una acción deliberada de esta naturaleza no puede ser pergeñada de modo aislado. Por el modus operandi nos parece que es una estrategia que merece una investigación del Poder Judicial”, dijo.
Capitanich reiteró que los conflictos de las policías provinciales constituyeron un “proceso de extorsión hacia quienes tienen que tomar decisiones” y pidió que las negociaciones salariales se desarrollen en forma “racional y con prudencia”.
