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Tegucigalpa. La Fiscalía hondureña acusó este lunes a 16 personas por cometer “fraude” para autorizar una planta hidroeléctrica en el río Gualcarque, con base en denuncias que había hecho la asesinada ambientalista Berta Cáceres, anunció la misión contra la corrupción de la OEA.
La jefa interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Macchih), Ana María Calderón, indicó en conferencia de prensa que la Fiscalía "presentó evidencia probatoria" por los delitos de "fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios (...) y falsificación de documentos".
Las pruebas fueron aportadas “partiendo de denuncias presentadas por la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, asesinada hace tres años”, añadió la representante de la Macchih, un ente creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar a la Fiscalía hondureña.
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Entre los acusados por la Fiscalía destaca David Castillo, presidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), detenido como autor intelectual del asesinato de la ambientalista cometido el 2 de marzo del 2016 en La Esperanza, oeste del país.
Calderón explicó que los acusados cometieron delitos "para lograr que DESA fuese beneficiada con el contrato de operación y contrato de aguas sobre el río Gualcarque", en territorio indígena.
MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentaron hoy el noveno caso de investigación penal integrada: “Fraude sobre el Gualcarque” https://t.co/SKZzpfPziu pic.twitter.com/vxxzkPsLtJ
— MACCIH (@OEA_MACCIH) March 4, 2019
Además, dijo que Castillo era asistente financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE y a la vez se desempeñaba como ejecutivo de DESA, por lo que en colusión con otros funcionarios logró la aprobación de los contratos de la compra de energía a la empresa sin tener “las capacidades, la experiencia y el capital para desarrollar el proyecto”.
Argumentó que "el fraude se evidencia con una serie de trámites administrativos irregulares para favorecer el proyecto que desarrollaba DESA", realizados por funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), ENEE y otras instituciones.
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Siete personas fueron sentenciadas por el asesinato de Cáceres, pero el juzgado aún no les ha definido la pena.
Entre los sentenciados está el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, a quien la Fiscalía acusó de coordinar con un militar la contratación de sicarios que cometieron el homicidio.
