San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en “desacato” a Nicaragua por “no liberar” a 46 opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega que están detenidos, según un comunicado divulgado este martes.
La resolución declaró al Estado de Nicaragua en “desacato permanente” por la “efectiva inobservancia” de lo ordenado por ese tribunal en seis resoluciones emitidas desde junio del 2021 a favor de los apresados.
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Las medidas emitidas por la Corte favorecen a 46 detenidos en ocho centros. Entre los beneficiarios figuran los exaspirantes a la presidencia para las elecciones del 2021 Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como la exguerrillera Dora María Téllez y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, entre otros.
La mayoría de opositores y críticos detenidos en el 2021, en el contexto de las elecciones presidenciales, recibieron condenas de hasta 13 años de cárcel.
El incumplimiento de las resoluciones por parte de Nicaragua “los pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”, indica la declaración del alto tribunal con sede en San José, Costa Rica.
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La Corte presentará ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) “un informe sobre la situación de desacato permanente y de desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales”, según el comunicado.
Asimismo, urge al Consejo Permanente a asegurar que la “aplicación de la garantía colectiva, en tanto obligación orientada a asegurar la efectividad de la Convención Americana, dé seguimiento al incumplimiento de las medidas provisionales”.
La resolución también fue notificada a las autoridades nicaragüenses, que no se han pronunciado sobre esta. Más de 200 personas están detenidas en el contexto de la crisis política desatada por manifestaciones contra una reforma de la seguridad social en el 2018, protestas que fueron reprimidas por la fuerza.
Además, dejaron más de 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Acusado por sus adversarios de autoritario y corrupto, Ortega, de 77 años y presidente desde el 2007, considera que el movimiento en su contra fue un intento de golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.