La Paz. La crisis en Bolivia se agrava con la pugna política entre Evo Morales y Luis Arce, que divide al Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras tanto, la inflación y la escasez de combustible afectan a miles de ciudadanos. Protestas recientes exigen soluciones económicas inmediatas, y la desconfianza en la justicia aumenta tras denuncias contra Morales y decisiones del Tribunal Constitucional.
Margarita Ávila, una comerciante de abarrotes de 66 años, observa estoica los puestos cerrados de sus vecinos en un mercado de La Paz. “Hemos vivido lindos años (...). Sabíamos cuánto íbamos a ganar, cuánto íbamos a invertir”, recuerda.
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Ahora, la escasez de dólares, el clima de protestas y el desprestigio de las autoridades hunden a Bolivia en una constante incertidumbre.
“Ya no conozco los dólares. No hay para ahorrar. Todo es para el día a día”, se queja Ávila frente a sus productos sin vender. “He perdido capital. De la noche a la mañana las cosas suben de precio. Y como ellos están peleando, ya no se preocupan de nosotros”, dice en alusión a las disputas entre el exmandatario Evo Morales y su sucesor, el presidente Luis Arce.
Desde hace más de un año, Morales libra una batalla por el control de la izquierda con Arce, su exministro de Economía, a quien acusa de querer “proscribirlo” de la carrera presidencial de 2025 utilizando el sistema de justicia.
Ambos pertenecen al partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), ahora dividido entre “evistas” y “arcistas”.
“Es una crisis múltiple (...) Probablemente la de mayor dimensión es la crisis política, que ha profundizado todas las otras”, dice Daniel Valverde, profesor de ciencia política de la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia.
El jueves, La Paz se convirtió en el escenario de una marcha donde varios miles de comerciantes, transportistas, artesanos, sanitarios, textiles, amas de casa y vecinos exigieron al gobierno una solución a la crisis económica y lo intimaron a tomar medidas en un plazo de 15 días.
Generar “repudio”
En medio de la crisis, el Ministerio Público anunció una investigación contra Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, por el presunto abuso de una menor con quien habría tenido una hija durante su mandato.
El caso ha tenido vaivenes. La Fiscalía emitió una orden de arresto que fue anulada y luego anunció otra que nunca se concretó. La semana pasada, la fiscal a cargo dijo que tenía “bastantes indicios”, sin precisar cuáles, y que “daría una sorpresa”.
Los partidarios del líder cocalero bloquearon durante 23 días importantes carreteras del país para exigir el cese de la “persecución judicial”. Si bien la crisis económica ya estaba en curso, los bloqueos dispararon aún más la inflación y la escasez de combustibles.
Más allá de si los hechos denunciados son ciertos o no, el modo en que se lleva el caso de Morales “es parte de la instrumentalización de la justicia”, opina Valverde. “Más que procesarlo o detenerlo, creo que buscan exponerlo para generar un mayor repudio sobre su figura. Y lo están logrando”, señala.
En los últimos días, el Tribunal Constitucional también cerró el paso a Morales para una nueva candidatura al limitar a dos el número máximo de reelecciones posibles.
“Es la cultura política boliviana, en la que las instituciones son funcionales a intereses políticos”, explica Ana Lucía Velasco, politóloga que investiga la polarización en Bolivia.
“Es una desinstitucionalización abierta, cínica (...) Lo nuevo es que ahora algunas instituciones responden a los intereses de una facción del MAS, mientras que otras obedecen al otro bando del partido”, afirma.
En suspenso
La población desconfía del sistema de justicia. Bolivia fue el primer país en el mundo en elegir a sus altas autoridades judiciales por voto popular, bajo el argumento de favorecer la imparcialidad.
En 2011, en la primera elección, el 60% castigó la medida emitiendo un voto nulo.
Las próximas elecciones judiciales serán el 15 de diciembre. El Tribunal Constitucional suspendió la elección en cinco de los nueve departamentos de Bolivia debido a que fueron impugnadas las candidaturas, algo que reaviva la desconfianza en el sistema.
Según el World Justice Project, Bolivia ocupa el puesto 131 de 142 países analizados sobre cumplimiento de la ley.
Los aspirantes a jueces pasan por un filtro inicial del Parlamento, un proceso que “se presta mucho a que el Legislativo presente a candidatos en una preselección que obedece a intereses partidistas”, observa Gustavo Flores-Macías, investigador de la Universidad de Cornell.
Una nueva composición de las altas cortes podría revertir las decisiones que afectan hoy a Morales.