EscucharQuito. “Alberto Fujimori se fue con crímenes impunes y sin pedir perdón”, lamentaron este viernes familiares de víctimas asesinadas por militares en las matanzas de Barrios Altos y Cantuta, por las cuales el fallecido expresidente peruano fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
La despedida del octogenario expresidente ha estado marcada por un notable contraste entre la multitud que acude a su velorio y la soledad del repudio a la cuestionada década que estuvo en el poder en 1990.
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“Ya está muerto, el señor se fue sin pedir perdón a los familiares, ha sido una burla para nosotros”, dijo sollozando Gladys Rubina, hermana de una de las 15 víctimas de la masacre de Barrios Altos perpetrada un 3 de noviembre de 1991.
“La muerte del expresidente nada me quita porque sigo llevando un dolor dentro de mí. A mi hermana Nelly me la mataron”, se lamentó Rubina de 56 años.
El exhombre fuerte de Perú, que gobernó entre 1990 y 2000 en plena crisis por la hiperinflación y la violencia de Sendero Luminoso, murió el miércoles a los 86 años en su vivienda de Lima después de recibir tratamiento contra un cáncer de boca.
Para Carmen Amaro, hermana de una de las 10 víctimas del caso Cantuta (1992), Fujimori partió sin cumplir toda su condena y con un juicio en curso por la muerte de seis campesinos ejecutados por militares en Pativilca, al norte de Lima en 1992.
“Con su muerte no acaba, ni condona la pena. Fujimori seguirá siendo el asesino y el principal responsable de la desaparición de nuestros familiares”, declaró Amaro. Su hermano Richard, un estudiante de 25 años de la universidad La Cantuta, fue quemado tras ser ejecutado de un balazo y sepultado en un fosa común por militares.
Las matanzas fueron cometidas por un escuadrón de la muerte del ejército, conocido informalmente como Grupo Colina y encargado de “operaciones especiales” de inteligencia en el marco de la lucha contra las guerrillas y el terrorismo de Sendero Luminoso bajo el gobierno de Fujimori, según determinó la justicia.
“Nunca reconoció sus delitos”
“Nunca reconoció sus delitos, nunca pidió perdón por sus crímenes, nunca pagó la reparación civil y más bien se estuvo aprovechando los últimos meses del Estado al pedir una pensión indebida”, dijo a la AFP Gisela Ortiz, otra familiar de las víctimas de Cantuta.
Su hermano Enrique, de 20 años, murió durante la operación militar en la universidad La Cantuta, en Lima.
Las matanzas de Barrios Altos y Cantuta sirvieron de base para la sentencia a 25 años de prisión contra Alberto Fujimori en 2009.
La sentencia lo halló culpable de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, e incluyó dos casos de secuestro de opositores a su régimen. En diciembre pasado un indulto lo liberó.
La justicia concluyó además que los 25 muertos en Barrios Altos y Cantuta eran inocentes y no pertenecían a un grupo terrorista.
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares Asesinados Perseguidos, Adelina García, indicó que “Fujimori se fue con su conciencia muy sucia porque se llevó las lágrimas de muchas personas”.
Un hecho llamativo esta semana ha sido la ausencia de manifestaciones callejeras contra el controvertido y polarizante gobierno de Fujimori.
No hubo convocatorias de organizaciones representativas y las críticas se canalizaron en las redes sociales a través de declaraciones de grupos de derechos humanos que recordaron el pasado autocrático de Fujimori, la corrupción en su gobierno y su récord en derechos humanos.
Críticas por duelo nacional
El presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó los años de violencia política en Perú (1980-2000), deploró la decisión del gobierno de declarar duelo nacional.
“Lo que molesta más (a quienes defienden los derechos humanos) es la actitud de los funcionarios del Estado, que en lugar de defender la democracia y justicia declaran tres días de duelo nacional”, dijo el filósofo Salomón Lerner Febres, que dirigió la CVR en aquel entonces.
El académico pidió evitar el insulto hacia una persona fallecida pero también recomendó no hacer “una apología de lo que fue el trabajo político” de Fujimori.
El conflicto interno o “guerra contra el terrorismo” -como se denominó oficialmente- dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en el período 1980-2000, la gran mayoría civiles, según la CVR.
