El gobierno de Estados Unidos determinó que las políticas y prácticas del régimen de Nicaragua relacionadas con los abusos a los derechos humanos y derechos laborales “son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio de los Estados Unidos”.
El resultado derivó en sugerir la suspensión de todos los beneficios del tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) a Nicaragua, incluyendo las concesiones arancelarias y la posibilidad de aplicar aranceles de hasta el 100% a todas las importaciones nicaragüenses, informó el gobierno de Donald Trump este lunes.
Las propuestas forman parte de un informe presentado por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La investigación inició el 10 de diciembre de 2024, bajo la administración de Joe Biden.
Este lunes, el USTR decidió abrir una consulta pública sobre las propuestas derivadas de la investigación, cuyo plazo vence el 19 de noviembre de 2025.
El documento de convocatoria indica que “los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con derechos laborales, derechos humanos y libertades fundamentales, y el Estado de Derecho representan una carga o restringen el comercio de EE. UU.”
La expresidenta Laura Chinchilla recordó que esta posibilidad de separar a Nicaragua del DR-Cafta no es nueva y fue planteada años atrás durante comparecencias ante el Congreso de EE. UU., en las que participó personalmente, ante la crisis sociopolítica que enfrenta el vecino país, y apoya la iniciativa.
“Varios de los que estuvimos ahí abogamos por sanciones de tipo comercial, incluyendo el Cafta. Este tipo de medidas, si se hacen acompañar de iniciativas diplomáticas, pueden dar resultados porque estamos a casi dos años de las próximas elecciones en Nicaragua (noviembre 2027) y hay que presionar por elecciones libres”, indicó Chinchilla.
La exmandataria destaca que la responsabilidad de esta decisión “es estrictamente de quienes están reprimiendo a Nicaragua: Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo), son los únicos responsables de eso”.
Efectos en Costa Rica
Sobre las repercusiones en el resto de países, Chinchilla dice que “es muy difícil de adelantar”.
“Mal haríamos en Costa Rica en tener cálculos excesivos sobre las repercusiones eventuales en nosotros, sacrificando la situación política y la represión que están sufriendo muchos nicaragüenses”, apuntó.
Centroamérica es el segundo destino de las exportaciones de bienes de Costa Rica, después de Estados Unidos. Guatemala encabeza la lista $1.059 millones en 2024, le sigue Nicaragua con $772,9 millones. En total, el país vendió productos a la región por $3.649,8 millones el año pasado.
Los datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) muestran que la mayor parte de las exportaciones hacia Nicaragua son bienes de la industria alimentaria, seguidos de productos químicos farmacéuticos y la industria metalmecánica.
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El economista y exvicepresidente Luis Libermann estimó que el mercado nicaragüense es muy importante para Costa Rica, y que los nuevos aranceles podrían desestabilizar económicamente a Nicaragua y afectar fuertemente al sector productivo costarricense.
También advirtió que la medida podría provocar una nueva ola migratoria, justo cuando Costa Rica está creando muy pocos nuevos puestos de trabajo.
En esto coincide el economista Fernando Naranjo, quien señala que el incremento de los aranceles tendría un fuerte impacto en la economía de Nicaragua, afectando los niveles de empleo y el consumo interno.
Datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) revelan que las principales exportaciones de bienes hacia EE. UU., sin incluir zonas francas, son café, carne, oro y pescado fresco. Las ventas hacia el país norteamericano se estiman en $1.623,7 millones al cierre de 2024, lo que representa el 38,7% del total exportado ($4.192,9 millones).
“Si se complica la situación en Nicaragua se verán afectadas las exportaciones agrícolas e industriales costarricenses y, por otro lado, si no hay generación de empleo, hay un incentivo para que los nicaragüenses migren fuera del país, e históricamente Costa Rica resulta atractivo y es un efecto secundario que no se puede descartar”, considera Naranjo.
Sin embargo, el exministro de Hacienda y excanciller aclaró que habrá que esperar los resultados finales del proceso de consulta y, finalmente, las decisiones del presidente Trump.
A su juicio, “es muy prematuro saber cuáles serán las medidas y medir su impacto económico”, apuntó Naranjo.
Por su parte, Daniel López Zúñiga, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Latina de Costa Rica, estima que si se aplican las medidas planteadas por el USTR, esto podría provocar una contracción abrupta del empleo formal en Nicaragua, especialmente en los sectores textil, cafetalero, cárnico, tabacalero y manufacturero.
Este efecto advirtió, llevaría a un aumento de los flujos migratorios hacia Costa Rica, con repercusiones en salud, educación, seguridad social y mercados laborales fronterizos.
“La experiencia reciente con el exilio nicaragüense evidencia la necesidad de protocolos de acogida, protección y regularización (con apoyo de organismos internacionales)”, apuntó López.
La exclusión del Cafta
El tratado se firmó en agosto del 2004, tras la conclusión de negociaciones en diciembre del 2003, a excepción de Costa Rica, cuyo proceso finalizó en enero del 2004, en un ambiente nacional polarizado sobre su firma.
La entrada en vigencia fue escalonada: en El Salvador, el 1.º de marzo del 2006; en Honduras y Nicaragua, el 1.º de abril del 2006; en Guatemala, el 1.º de julio del 2006); y en República Dominicana, el 1.º de marzo del 2007). En Costa Rica entró en vigor el 1.º de enero del 2009.
Laura Chinchilla afirmó que el tratado ya está siendo afectado con la imposición de aranceles de Trump. “No por eso vamos a ser defensores de Nicaragua por el hecho de que haya una afectación a Costa Rica”, destacó.
El exjerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Marco Vinicio Ruíz, calificó la imposición de aranceles del 100% a Nicaragua como una mala noticia para la integración centroamericana, por tratarse de países miembros del DR-Cafta.
Ruíz consideró que si se aplica la medida, podría afectar el empleo en Nicaragua y, por ende, aumentar la migración hacia Costa Rica.
Además, señaló que los demás países del Istmo deberán analizar los efectos en el uso de insumos nicaragüenses dentro de sus procesos de producción para exportar a Estados Unidos.
“Cuando negociamos el origen del Cafta, es lo mismo de cualquier país; y si Nicaragua deja de ser miembro del tratado, habrá que revisar las normas de origen porque ya sería un país externo y se deberá revisar el impacto en algunos productos”, opinó Ruíz.
En ese sentido, Daniel López subrayó que si EE. UU. suspende la posibilidad de acumular insumos nicaragüenses dentro de las reglas de origen, las empresas costarricenses que usan componentes o subprocesos de Nicaragua podrían perder esos beneficios arancelarios.
Esto generaría dos consecuencias inmediatas: la reconfiguración de proveedores hacia fuentes domésticas o regionales, y un mayor escrutinio del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. sobre certificaciones de origen, trazabilidad laboral y posibles transbordos.
El analista internacional Carlos Murillo consideró que, con la aplicación de aranceles recíprocos a los países del DR-Cafta, la Administración Trump está desconociendo el acuerdo comercial.
Washington impuso desde abril pasado aranceles a más de 160 socios comerciales, incluidos todos los países miembros del DR-Cafta. Tras un incremento ordenado en agosto, los aranceles van del 10% para la mayoría de países de Centroamérica, 15% para Costa Rica y 18% para Nicaragua.
Murillo, profesor universitario, señaló que podrían verse afectadas las inversiones costarricenses en Nicaragua que exportan hacia EE. UU., aunque aclara que “no hay grandes efectos colaterales”, y ve una ventana de oportunidad para las exportaciones costarricenses de productos que enfrenten mayores tarifas en Nicaragua.