La Superintendencia de Pensiones (Supén) concluyó que dos directoras de la Junta Directiva de Vida Plena, operadora de pensiones complementaria (OPC) del Magisterio Nacional, incumplen el requisito de idoneidad para formar parte del órgano de dirección, lo cual significa un riesgo para la administración de las pensiones de 139.000 docentes.
Las dos personas cuestionadas fueron nombradas por la Directiva de Caja de ANDE.
La Superintendencia pidió hacer un análisis para determinar si es necesario removerlas del cargo, según se indica en el oficio SP-549-2025, del pasado 18 de junio, firmado por Hermes Alvarado, jerarca de la entidad fiscalizadora.
Las directoras son Dixie Campos Salazar, quien es la presidenta de la Junta Directiva de Vida Plena y también tiene el cargo de presidenta de la Junta en Caja de ANDE; así como Carmen Brenes Pérez, quien ejerce el puesto de prosecretaria.
“La información recibida muestra que se desempeña, desde el 2022 a la fecha, como directora representante de ANDE en la Junta Directiva de Caja de ANDE y en la Junta Directiva de Caja de ANDE Seguros (...). No se evidencia el cumplimiento con el umbral de cinco años de experiencia requerido en la normativa”, recalcó la Superintendencia sobre Campos Salazar.
Respecto a Brenes Pérez, la Supén consideró que no cumple con al menos tres años de experiencia práctica y profesional en puestos directivos o de Alta Gerencia.
“Al evaluar los directores que nombra la Caja de ANDE para el Órgano de Dirección de Vida Plena, resulta relevante que se tenga en cuenta el impacto que la eventual falta de idoneidad de alguno de los miembros del órgano de dirección de esa operadora podría tener sobre el buen manejo de los recursos de los afiliados y pensionados", se advierte en el oficio de Supén.
En específico, la norma que incumplen las dos directoras es el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del Órgano de Dirección y de la Alta Gerencia de entidades y empresas. supervisadas
En agosto pasado, Vida Plena administraba ¢1,6 billones del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a 138.832 personas, así como ¢74.942 millones del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de 134.118 personas.
La Nación consultó este miércoles a Caja de ANDE, por correo electrónico a las 3:12 p.m., si se tomó algún acuerdo sobre las observaciones realizadas por la Superintendencia. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al momento de publicar este artículo.
La Supén informó, por escrito, que está imposibilitada para referirse en específico a una entidad fiscalizada.
Sin embargo, precisó que, como parte del proceso de supervisión, “se revisa el cumplimiento normativo de la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección supervisados, y de ser necesario, se plantean los señalamientos del caso, los cuales deben atendidos por las entidades supervisadas, con las acciones y los plazos que correspondan”.
El informe de Supén trasciende después de que, el pasado 3 de octubre, se diera a conocer que Caja de ANDE cayó en irregularidad financiera 1 a raíz de una serie de debilidades a nivel de gobierno corporativo en su Junta Directiva, Alta Gerencia y Auditoría Interna. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó las fallas tras efectuar un estudio de riesgos.
La Superintendencia determinó que la entidad requiere de la “atención inmediata”de las debilidades, pues no resultan adecuadas para el perfil de riesgo, según el oficio confidencial SGF-2095-2025, del pasado 17 de setiembre, firmado por Hazel Valverde, jerarca de Sugef.