EscucharEn los últimos días, la prensa ha venido informando sobre la discusión judicial que rodea la imposición de aranceles decretada por el gobierno de los Estados Unidos.
Recordemos que en el mes de abril pasado, el gobierno del Presidente Trump había proclamado el llamado “Día de la Liberación”, firmando una orden ejecutiva con la que impuso un arancel base del 10% a las importaciones provenientes de la mayoría de los países, incluyendo Costa Rica.
Pero luego, en el mes de agosto, se produjo una elevación de los aranceles sobre productos costarricenses del 10% al 15%, una de las tarifas más altas aplicadas a países de Centroamérica, que en general mantienen aranceles del 10% (excepto Nicaragua con 18%).
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Este aumento impacta exportaciones clave como dispositivos médicos, café, piña, banano, textiles y neumáticos, afectando la competitividad de los productos nacionales.
Sin embargo, desde el mes de mayo inició una discusión en sede judicial sobre la legalidad de esta imposición de aranceles. El primer pronunciamiento, del 28 de mayo anterior, fue dictado por el Tribunal de Comercio Internacional, cuando un panel de tres jueces se pronunció en contra de la validez de los aranceles, considerando que excedían la autoridad presidencial.
Ese pronunciamiento fue en apelación ante un Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal y la semana pasada se dio a conocer un fallo (siete votos a favor y cuatro en contra) confirmando la ilegalidad dichos aranceles. Sin embargo, la posibilidad de que el asunto llegue hasta la Corte Suprema determina que la sentencia de la apelación quede en suspenso hasta el próximo 15 de octubre, de manera que los aranceles seguirán en vigencia hasta que se agote la última instancia.
Aunque estos pronunciamientos se originan en el ámbito de los Estados Unidos, el resultado final también impactará a Costa Rica, ya que muchos de los aranceles globales que afectan nuestras exportaciones hacia el país del norte, son los que han sido objeto de las decisiones judiciales referidas.
Si la Corte Suprema confirma este fallo, los aranceles serían revocados e incluso podrían generarse reclamos por reembolso de los importadores. Pero si la Corte revierte la sentencia, los aranceles se consolidarían y Costa Rica tendría que buscar otras vías de solución o negociación para tratar de disminuir los aranceles.
