Rodrigo Chaves da marcha atrás con directriz para trasladar y reubicar funcionarios de Hacienda
Jerarca de Hacienda firmó el 15 de julio la norma que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar y reubicar funcionarios. El 17 de agosto ordenó derogarla, el Tribunal Contencioso había suspendido su aplicación
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, derogó la directriz que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar o reubicar funcionarios dentro del Ministerio de Hacienda. Fotocomposición en Canva/Archivo LN
Rodrigo Chaves y Ministerio de Hacienda El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, derogó la directriz que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar o reubicar funcionarios dentro del Ministerio de Hacienda. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN)
El jerarca del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Chaves, derogó la directriz que él mismo firmó y que establecía nuevas reglas para trasladar, rotar o reubicar funcionarios entre las distintas dependencias de la institución. La normativa duró un mes en aplicación.
La derogación, que consta en la Directriz MH-DM-DIR-0004-2026, firmada el 17 de agosto y cuya copia tuvo acceso La Nación, plantea en uno de sus considerandos que los movimientos de personal, como la rotación, reubicación y traslado, ya están regulados de forma exhaustiva por el Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento y el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, esa misma normativa fue aplicada por Chaves el 21 de julio, un día después de que entró a vigor, cuando ordenó la reubicación del abogado Marvin Durán Espinoza, coordinador de la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería Nacional, donde lleva más de 20 años.
El traslado decidido por Chaves ocurrió después de que Durán acudiera, el 16 de junio, junto con el abogado Francisco Saborío Elguezabal, al Tribunal Contencioso Administrativo para demandar al Ministerio de Hacienda y al Estado por el intento de trasladar a la nueva Dirección General de Gestión de Deuda Pública atribuciones que históricamente ejerce la Tesorería Nacional.
La Dirección Jurídica de Hacienda había expresado sus dudas sobre la directriz en el oficio MH-DJ-OF-0630-2026, del 20 de julio. En ese documento señaló que no estaban claras las razones jurídicas y operativas para sustituir la política vigente y advirtió inconsistencias en algunas de las normas citadas como sustento.
Ahora, el mismo considerando de la derogación señala que mantener un instrumento jurídico adicional “genera una sobre-regulación innecesaria que duplica la normativa y ralentiza los procesos internos”.
El artículo 1 de la directriz, tras establecer la derogación de la normativa, indica: “Se aclara expresamente que la presente derogatoria no produce el restablecimiento automático de disposiciones normativas anteriores a la vigencia de la directriz que aquí se derogada [sic]”.
La directriz MH-DM-DIR-0002-2026, denominada Lineamientos Generales para los movimientos de Personas funcionarias del Ministerio de Hacienda por rotación, fue firmada por Chaves y el viceministro Víctor Carvajal el pasado 15 de julio.
El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió la aplicación de la norma, en un fallo del 7 de agosto, tras acoger una medida cautelar provisionalísima, que consta en el expediente 26-004265-1027-CA-6.
Sin embargo, el 12 de agosto, la Dirección de Gestión del Potencial Humano, en respuesta a una consulta de la directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), Katherine Tenorio, anunció mediante un correo electrónico de respuesta, del que La Nación tiene copia, que comunicaría próximamente los oficios de reubicación de personal en puestos fronterizos.
Tras esa comunicación, el abogado Francisco Saborío, funcionario de la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, presentó ese mismo 12 de agosto ante el Tribunal Contencioso Administrativo una denuncia por incumplimiento de la medida cautelar, según consta en el escrito al que tuvo acceso este diario.
En el escrito, Saborío solicita reiterar las órdenes de suspensión y emitir una llamada de atención a las autoridades hacendarias.
En respuesta, el 24 de agosto, la jueza tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo, Ligia Marcela Díaz Ramírez, concedió una audiencia por el plazo de tres días hábiles a las autoridades demandadas para que informen sobre el estado actual de los actos administrativos suspendidos, antes de remitir el caso al área de ejecución.
