La oficina legal brindó sus observaciones sobre la debilidades jurídicas del documento cinco días después de su emisión.
La directriz MH-DM-DIR-0002-2026, denomina Lineamientos Generales para los movimientos de Personas funcionarias del Ministerio de Hacienda por rotación, fue firmada por Chaves y el viceministro Víctor Carvajal el pasado 15 de julio. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo suspendió la aplicación de la norma, en un fallo del 7 de agosto, tras acoger una medida cautelar provisionalísima.
La instrucción permite rotar, trasladar o reubicar funcionarios, tanto en propiedad como interinos, y fija las condiciones y el trámite que deben seguir estas decisiones ante el Departamento de Gestión del Potencial Humano (DGPH).
Las dudas de la Dirección Jurídica sobre la directriz quedaron plasmadas el oficio MH-DJ-OF-0630-2026, del pasado 20 de julio, en el cual señaló que no se explican con claridad las razones jurídicas y operativas para sustituir la política vigente, al tiempo que señaló inconsistencias en algunas de las normas citadas como sustento.
La dependencia también cuestionó que la directriz regulara conjuntamente la rotación, el traslado y la reubicación, pese a que son figuras con características y efectos jurídicos distintos. Por ello, consideró necesario precisar cuándo procede cada modalidad, cuáles son sus requisitos y qué autoridad tiene competencia para decidir.
Asimismo, recalcó que no estaban claramente definidos los plazos, recursos ni las autoridades encargadas de resolver las objeciones de los funcionarios. A su criterio, el Departamento de Gestión del Potencial Humano debería limitarse a labores técnicas y administrativas, mientras que la decisión sobre el fondo correspondería a la autoridad competente.
La directriz firmada por Chaves sustituyó la Política de Rotación vigente desde el 2020 y estableció un procedimiento para movilizar personal, de forma temporal o permanente, según las necesidades del servicio.
Chaves usó directriz para reubicar a funcionario que denunció presuntas ilegalidades
La advertencia de la Dirección Jurídica adquiere especial relevancia porque, un día después de su emisión de la directriz, el 21 de julio, el ministro Rodrigo Chaves la aplicó para ordenar la reubicación del abogado Marvin Durán Espinoza, coordinador de la Unidad de Asesoría Legal de la Tesorería Nacional, donde llevaba más de 20 años.
El traslado ocurrió poco más de un mes después de que Durán acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo, el 16 de junio, junto con el abogado Francisco Saborío Elguezabal, para demandar al Ministerio de Hacienda y al Estado por el intento de trasladar a la nueva Dirección General de Gestión de Deuda Pública atribuciones que históricamente ejercía la Tesorería Nacional.
Los funcionarios alegaron que esas potestades están establecidas en una ley especial y en la Constitución Política, y cuestionaron que la Dirección que asumiría las funciones se encuentra bajo la supervisión y tutela del viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina.
A su criterio, ese cambio eliminaba el filtro técnico y de control que ejercía la Tesorería en la administración de la liquidez y de la deuda de corto plazo.
La gestión quedó registrada en el expediente 26-003512-1027-CA-7.
El 21 de julio, pese a las advertencias de la Dirección Jurídica, Hacienda comunicó a Durán su traslado a la Tesorería de Aduanas. Sin embargo, dos días después, el 23 de julio, el Tribunal ordenó suspender esa decisión y mantener al funcionario en su cargo.
