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Rocío Aguilar, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), advirtió a La Nación que el posible uso de la reserva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para el pago de pensiones es el mayor peligro para las finanzas públicas.
“Es el riesgo fiscal más importante que tiene el país. Esos recursos tendrán que salir del presupuesto nacional, lo cual va a implicar una relocalización de recursos, más impuestos o alguna otra forma de financiamiento a última hora. Hay un riesgo fiscal importante, porque hay una obligación del Estado desde el punto de vista constitucional, y eso no se puede simplemente soslayar”, explicó.
Aguilar destacó que el IVM muestra signos de deterioro financiero desde años atrás, debido a la falta de decisiones oportunas para contener su desgaste. Señaló que esta postergación ha obligado a utilizar intereses y otros fondos para evitar recurrir a la reserva, lo que podría acelerar su eventual colapso.
La exjerarca también señaló que el mercado laboral sufre “transformaciones muy profundas”, donde el aumento del empleo informal, cuyos trabajadores no cotizan para el fondo, contrasta con la estabilidad del sector formal, que sí lo financia. Según explicó, este fenómeno responde, en parte, a las reformas y al incremento en las cuotas.
La oficina de prensa de la Supén explicó a este diario que recurrir a la reserva de pensiones “constituye una señal clara de presión financiera”, ya que se estarían utilizando recursos destinados a servir como respaldo para el pago de beneficios futuros, lo que resulta insostenible.
La Superintendencia agregó que, si bien la situación actual del régimen IVM no es irreversible, requiere “decisiones responsables, técnicas y oportunas” para mejorar.
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