El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos vino acompañado de la aplicación de una política comercial que genera polémica por la imposición de aranceles a todos los socios comerciales, incluido Costa Rica.
Para la imposición de tarifas arancelarias, el presidente Trump cita la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 como norma de referencia. Ahora, también se inició una investigación sobre los efectos en la seguridad nacional de los dispositivos médicos importados, que son el principal producto de exportación de Costa Rica.
Información del sitio web del Congreso de Estados Unidos señala que según la Sección 232, el director de cualquier departamento o agencia, o cualquier “parte interesada”, puede solicitar al secretario de Comercio que investigue los efectos de una importación específica en la seguridad nacional de Estados Unidos.
El secretario de Comercio también puede comenzar la pesquisa por iniciativa propia y debe notificar inmediatamente al secretario de Defensa.
En una reciente publicación, la agencia de noticias Bloomberg, destacó que esta ley permite al presidente imponer aranceles a bienes considerados críticos para la seguridad nacional.
Los aranceles promulgados bajo la Sección 232 pueden tener una vida más larga, incluso durante cambios en las administraciones presidenciales.
El excanciller Rodolfo Solano señaló que si en la investigación se determina que existe un riesgo, el presidente Trump puede imponer medidas correctivas, como aranceles, cuotas o restricciones a las importaciones, sin necesidad de aprobación del Congreso.
De acuerdo con Solano, el proceso sobre los dispositivos médicos pretende evaluar si la dependencia de proveedores extranjeros compromete la capacidad de respuesta del sistema de salud ante emergencias.
El exviceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas, explicó que después de la consulta pública, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), del Departamento de Comercio de Estados Unidos, recibe los comentarios y puede dar audiencias a partes interesadas.
Después, el secretario de Comercio remitirá un informe al presidente Trump, quien decidirá si adopta las recomendaciones del informe, incluidas las potenciales imposiciones de medidas.
John Fonseca, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), estimó que si los resultados de la investigación generan un arancel que no supere el 15% con exclusiones por país o empresas, se percibirá presión en los costos, márgenes y compras hospitalarias. Aquí prevé un impacto manejable si Costa Rica obtiene exclusiones para líneas críticas.
Sin embargo, en un escenario con tarifas superiores al 15%, Fonseca apuntó que uno de los principales riesgos es la pérdida de cuotas.
Aquí planteó que Costa Rica puede llegar a acuerdos de abastecimiento esencial, co-manufactura y valor agregado en territorio estadounidense.
Fonseca también señaló que, a lo inmediato, las autoridades de Costa Rica deben enviar sus comentarios a esta consulta pública.
“Costa Rica no está ante un cierre de puerta, sino ante un cambio de estándares de seguridad. Si actuamos ahora con comentarios técnicos, diplomacia económica y acuerdos de abastecimiento, podemos reducir riesgo y ganar como proveedor confiable en un esquema de friend-near-ally shoring (alianzas estratégicas de las cadenas de suministros con países aliados)”, recalcó.P