En medio de un escenario complejo para las finanzas públicas, marcado por una reducción de los ingresos tributarios y mayores niveles de endeudamiento, tomar decisiones a tiempo puede evitar un deterioro mayor.
Ahora, Costa Rica enfrenta nuevamente presiones sobre sus finanzas públicas, ocho años después de la aprobación de la reforma fiscal del 2018. Aunque esa ley permitió mejorar el balance fiscal, el país encara una combinación de menores ingresos tributarios y una deuda que permanece por encima del 60% del producto interno bruto (PIB).
Ante este escenario, las decisiones y las propuestas del Gobierno serán determinantes para contener las presiones sobre las finanzas del Estado y evitar que el deterioro obligue a tomar medidas más severas en el futuro.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda, opinó que es importante tomar decisiones fiscales antes de que sea tarde y enfatizó en que estas deben tener un impacto significativo en los ingresos, pues consideró que no hay espacio para hacer ajustes en el gasto.
“Cuanto más se posponga la toma de decisiones o no tomemos las decisiones en la cuantía suficiente, cuyo impacto no genere un efecto suficientemente grande, podríamos llegar a esos escenarios con una situación más compleja y una presión más grande”, advirtió.
Elian Villegas, exministro de Hacienda, consideró que, si bien no cree necesaria una nueva reforma fiscal, una de las prioridades debería ser combatir la evasión, en particular aquella que se realiza por medio de pagos en Sinpe Móvil.
“Estamos frente a un problema, no de necesidad de una nueva reforma, sino de necesidad de cambio en el modelo de administración que se está siguiendo. Además, existen espacios de evasión fiscal que pueden ser identificados y corregidos”, dijo el exjerarca.
Villegas indicó que el partido oficialista tiene los votos necesarios para aprobar directamente cualquier paquete de impuestos que quieran proponer.
“Es un tema de decisión de parte del gobierno y de su partido, de si van a llevar adelante o no una reforma fiscal”, añadió.
Rodríguez afirmó que la postergación de decisiones o la falta de implementación de medidas que generen un impacto relevante podría acelerar el deterioro fiscal del país, si se produce una mayor caída en los ingresos o no se logra mejorar la recaudación a corto plazo.
“El gobierno tiene un escenario muy complejo de frente, porque tiene una situación fiscal que sabe que se va a deteriorar, que va a llegar a un estado crítico, y, por el momento, está planteando proyectos dispersos, pequeños, relativamente hablando, y no está poniendo sobre la mesa un plan completo para poder atender la situación”, aseveró Rodríguez.
Para Marco Otoya, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), también es fundamental realizar mayores esfuerzos para combatir la evasión fiscal.
“Por ahí podría mitigarse un poco la reducción en los ingresos fiscales”, sugirió Otoya, quien añadió que en los últimos años no ha habido una política real de reactivación económica que permita estimular la economía local y generar empleo, lo cual mejoraría las posibilidades de recaudación fiscal.
Deterioro
Un aspecto que ha incrementado la presión fiscal es que la recaudación tributaria se desaceleró en el 2025 –creció apenas un 0,6%, frente al 2,5% del año previo– y se prevé que en el 2026 se contraiga un 3,5%, con una baja nominal de ¢228.000 millones.
Según datos de Hacienda, los ingresos tributarios del 2024 fueron de ¢6,58 billones, luego alcanzaron los ¢6,62 billones al año siguiente y, de acuerdo con el Marco fiscal de mediano plazo 2026-2031, la proyección es que el 2026 cierre en ¢6,39 billones.
Una de las principales consecuencias de una menor recaudación sería una mayor presión de financiamiento para el Gobierno, que ya proyecta una trayectoria creciente de la deuda en los próximos años.
Hacienda prevé que la relación entre la deuda del Gobierno y el PIB continúe por encima del 60% entre 2026 y 2031. Estos niveles endurecen la aplicación de la regla fiscal, que restringe el gasto del Gobierno.
A esto se suma que las estimaciones más recientes de la institución muestran una reducción del superávit primario y un incremento del déficit financiero (ingresos menos gastos) para este año y el próximo.