Solo la mitad de los trabajadores migrantes logró regularizar su situación

Únicamente 53% de los trabajadores migrantes, con arraigo en Costa Rica, que presentaron su solicitud de regularización, lograron su objetivo, de acuerdo con un detalle solicitado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Además, la resolución final de los casos se atrasó durante meses, pues la cantidad de solicitudes cuadruplicó las expectativas iniciales, reconoció la DGME en una respuesta por escrito.

Según esa respuesta, se esperaban no más de 5.000 trámites y al final se recibieron un total de 20.366 solicitudes. La expectativa y la preparación para ese volumen inicial se definió conforme con los precedentes, pues otros decretos en ese mismo sentido no habían tenido impacto.

La DGME explicó que del total presentado, solo el 53% (10.794 casos) se resolvieron positivamente y que el resto (9.572) no presentó todos los requisitos o si lo hizo no cumplió con lo solicitado.

Aseguró que al 98% de los casos presentados ya se les envió la notificación correspondiente, pese a que el plazo para eso se amplió hasta el 31 de diciembre del 2021 ante el desborde de trámites.

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Desde el segundo trimestre del 2020 y ante la inminente escasez de mano de obra para el sector agrícola por el efecto de la pandemia, en especial para la época de recolección, se negociaron varias medidas entre empresarios y gobierno.

Una de ellas fue el decreto para regularizar trabajadores migrantes con arraigo en Costa Rica, es decir, que demostraran tener actividades aquí. Se emitió el 23 de junio del 2020 y el plazo para realizar los trámites se cerró el 23 de octubre del año pasado.

Incertidumbre

Copiado!

La idea era que los trabajadores, ya regularizados, se pudieran contratar y ayudaran en sectores agrícolas, como raíces y tubérculos, plantas, flores y follajes, café, piña, melón, caña de azúcar, naranja y otros. Esto para la cosecha 2020-2021, que se cerró en abril pasado.

La colaboración de ese tipo de mano es fundamental particularmente en la etapa de recolección de cosechas, que se inicia en agosto -con el café- y se extiende hasta abril.

Pero prácticamente un año después del cierre de solicitudes, hay trabajadores que no han recibido la notificación de sus casos, denunciaron varios de los sectores productivos agrícolas interesados en el tema.

Esto puede tener algún impacto en la época de recolección 2021-2022, que ya se está iniciando en los caferales, explicaron los empresarios.

Al respecto, la DGME reconoció que las resoluciones se atrasaron ante la avalancha y ante la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que se ordenó en el decreto.

El MAG era el encargado de recibir, en sus oficinales regionales, la documentación de los trabajadores migrantes. Luego el proceso pasaba a la DGME la cual resolvía y notificaba al ministerio de los resultados y, finalmente, migración emite los documentos.

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Diego Robelo, coordinador de la Comisión de Mano de Obra de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), dijo que tenían mucha esperanza en ese decreto, pues evitaría contratar trabajadores en condición irregular.

Empero, señaló, no sabemos si es que las autoridades son muy lentas o si extreman cuidaados con los requisitos.

La DGME advirtió que el principal problema se presentó porque los solicitantes no presentaron copias de contratos laborales. De los 47 de cada 100 rechados, al menos 39 no presentaban contrato de trabajo, dijo la DGME.

Pero los empresarios agrícolas encuentran sin sentido pedir un contrato de trabajo a quienes están en condición irregular en el país.

La DGME recordó, ante una consulta acerca del impacto de esta situación, que los empresarios pueden internar mano de obra temporal (no de arraigo) cumpliendo con los requisitos de migración y sanitarios de otro decreto.

Este otro sistema para traer mano de obra ya está siendo utilizado este año por el sector cafetalero. Así lo informó la directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), Xinia Chaves, quien detalló de la primera entrada de recolectores por la zona sur del país.

Pero este sistema exige la entrada con pruebas negativas de la covid-19, que se recoja a los trajadores y se les traslade desde la frontera y que vivan en las fincas en sus burbujas. Además, debe tener seguridad social y pagar $60 por cada carné de autorización.

Robelo consideró que, muy posiblemente, muchos finqueros pequeños no tengan recursos para cumplir con esos requisitos.