Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), incluyó las cargas sociales entre los altos costos de producción del país que impiden acelerar la tasa de crecimiento potencial de la economía, estimada entre 3% y 3,5% al año.

“Costa Rica se nos hizo muy caro; hay que bajar el costo del factor trabajo. Es fundamental reducir el costo de las cargas sociales, también reducir las tarifas eléctricas y los costos de la regulación”, señaló Cubero como las tareas claves a realizar en el mediano plazo y largo plazo.

El jerarca se refirió al tema en el foro virtual Caminos para la recuperación: Estabilizar para crecer: principales retos de la economía costarricense frente a un escenario incierto organizado, este viernes 26 de febrero, por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Durante su exposición, titulada Principales retos y desafíos de la macroeconomía costarricense, Cubero recalcó que aunque el país tiene características para lograr un incremento en el producto interno bruto (PIB) encima del potencia estimado por el BCCR, los costos de producción son el problema.

Por otra parte, consideró que se debe mejorar la inversión en infraestructura, mediante créditos con organismos multilaterales y alianzas público-privadas, pues sostuvo que serán fundamentales dado proceso de ajuste fiscal del Gobierno.

Al respecto, Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), indicó que el costo de las cargas sociales genera dificultades para los emprendimientos, frena el surgimiento empresarial y es una de las mayores razones de la informalidad.

El alto costo de las cargas sociales, sobre las planillas de las empresas y los salarios de los trabajadores, es uno de los factores que explican la alta informalidad en el empleo del país, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Del salario de cada empleo, los patronos tienen que contribuir con un 26,5%. De dicho porcentaje, un 14,5% financia el seguro de salud y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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Un 7,25% se dirige a entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y al Banco Popular.

Por último, el restante 4,75% es aportado por el patrono al régimen de pensiones complementarias.

En el caso de los trabajadores, su aporte a la seguridad social es del 10,5% sobre su salario. El 9,5% se dirige al seguro de salud e IVM. Mientras que el restante 1% se dirige, por un año, al Banco Popular que luego lo traslada a los fondos de pensiones complementarios.

Retos inmediatos

En el corto plazo, Cubero afirmó que el país debe centrarse en resolver la crisis fiscal del Gobierno y ampliar la vacunación contra la covid-19, con el fin de afianzar la recuperación económica.

“El país requiere un ajuste fiscal adicional, después de la reforma profunda en diciembre del 2018, la pandemia golpeó la finanzas públicas y hace necesario ese ajuste”, aseveró.

En ese sentido, consideró que la evolución de la pandemia a nivel internacional y local será un desafío para el país.

“Disminuir la tasa de contagio y la campaña de vacunación es fundamental para el crecimiento económico este año”, destacó el jerarca.

Cubero añadió que el país tiene “enormes” fortalezas como la institucionalidad democrática, alta diversificación productiva, su integración comercial y la atracción de inversión extranjera directa.

Además, resaltó la estabilidad monetaria y de vinculación con los mercados internacionales.