El alto costo que representa para los empleadores el pago de las cargas sociales de sus trabajadores es uno de los factores que explican la alta informalidad en el empleo de Costa Rica, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por ese motivo, el ente internacional propone que se reduzcan los impuestos sobre el trabajo y que los costos de los programas que financian se trasladen a otro tipo de gravámenes, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta.
Esa es una de las recomendaciones que hizo la OCDE a Costa Rica tras revisar el estado del mercado laboral y las políticas sociales, como parte del proceso de inspección al que se somete el país para integrarse a ese grupo de naciones.
El informe lo presentó este miércoles Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. El representante explicó que las cargas sociales deben reducirse de los rubros que no aportan beneficios directos para el trabajador.
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"Un 19% de esa cobertura (las cargas sociales) son para pensiones por vejez, salud, maternidad, beneficios para los supervivientes y por discapacidad, lo cual está muy bien, porque efectivamente son seguros, pero también hay un 25% de esos recursos que financian la operación de instituciones públicas, bancos públicos y programas contra la pobreza", señaló Scarpetta.
"A ver, los programas contra la pobreza han sido extremadamente exitosos en Costa Rica, la pregunta es cómo se financian. El mensaje general que tenemos en el reporte es que debería haber un esfuerzo para financiar estos programas, que no son seguros, con los impuestos generales, tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la renta", añadió el funcionario.
El informe de la OCDE señala que la tasa impositiva de la nómina de seguro social total es de 36,5%, cifra que está casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la OCDE, el cual es de 27,2%.
De acuerdo con la Organización, el 26,33% de las cargas sociales que pagan los empleadores para financiar al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares ( Fodesaf ) y el Banco Popular sube el costo del empleo formal, por lo que termina siendo más atractivo contratar informalmente.
La OCDE considera que las otras fuentes de impuestos, como el IVA y el impuesto sobre la renta, son subutilizadas pues tienen bases fiscales reducidas y tasas impositivas bajas, por lo que podrían asumir el peso del financiamiento de los programas sociales no contributivos.
En opinión de Scarpetta, recargar esos tributos no afectaría a los hogares de menos ingresos, pues el impuesto sobre la renta exonera a las personas que perciben salarios menores a ¢799.000. En el caso del IVA, sería necesario encontrar mecanismos para que el gravamen de los bienes y servicios no golpee sus ingresos.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley para transforma el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado o IVA.
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La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) asistió a la presentación del informe de la OCDE e informó de que apenas iniciará el análisis del documento y sus propuestas, en tanto que el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) se pronunció en contra de la recomendación de reducir las cargas sociales.
"Específicamente todo lo que tiene que ver con empleo no formal, el problema de que no le entre al país el dinero necesario para mejorar carreteras y las organizaciones sociales de apoyo al trabajador es el montón de exoneraciones que tiene este Gobierno con respecto a las zonas francas y otras empresas privadas.
"No estaría de acuerdo jamás, ¿Usted sabe lo que sería desincentivar el apoyo al IMAS, al PANI y a la Junta de Protección Social? Si este país vive de una serie de apoyos. Cuando digamos que hacemos una recolección correcta, pero como actualmente eso ni existe, somos un país muy vulnerable en ese sentido", manifestó Gilberto Cascante, presidente del Bussco.
Por su parte Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, consideró que para fomentar la contratación formal, el Gobierno valora la opción de permitir que los empresarios tengan un periodo de dos años en el que podrán pagar las cargas sociales de forma escalonada, hasta llegar al 100%.
Chacón indicó que la propuesta la presentó Geannina Dinarte, ministra de Economía, y actualmente está en estudio en el Departamento Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Menos empleos mínimos y más restricciones para retirar Fondo de Capitalización Laboral
En su informe, la OCDE también propone que el país reduzca la lista de salarios mínimos, la cual considera demasiado amplia.
La Organización considera que el hecho de que en el sector privado existan 24 salarios mínimos (los cuales difieren por ocupación y nivel de competencias) complica la fiscalización de su cumplimiento.
La limitación, para la OCDE, es alta, al considerar que casi una cuarta parte de los trabajadores en el sector privado (25% en el sector formal y 60% en el sector informal) ganan menos del salario mínimo más bajo.
A la vez, la OCDE sugiere que se fortalezcan las competencias de los inspectores laborales del Ministerio de Trabajo, para que hagan una mejor supervisión de que los trabajadores reciban salarios dignos.
Como recomendación para fomentar el empleo formal, la Organización también sugirió que se establezcan mayores restricciones para retirar el Fondo de Capitalización Laboral, para propiciar que los trabajadores tengan un ahorro mayor al que acudir en caso de quedarse sin empleo.
De acuerdo con Scarpetta, ese ajuste podría complementarse con la creción de un fondo solidario, al cual podrían acudir los trabajadores más pobres al momento de ser despedidos.
"Esto sería una forma de respaldar a las personas que pierden su trabajo en el sector formal y les permitiría buscar otro en el mismo sector, en vez de irse a cualquier trabajo en el mercado, porque no tienen suficientes ahorros", explicó Scarpetta.
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El análisis sobre mercado laboral es el sexto informe sobre el país que presenta la OCDE, de un total de 22. Hasta ahora, Costa Rica ha obtenido el visto bueno en todos los rubros (sobre políticas de comercio, salud y agricultura), aunque en todos ha recibido recomendaciones.
Gobierno refuta observaciones del informe
Ana Helena Chacón refutó categóricamente varias de las observaciones que hizo la OCDE, sobre falencias que el Estado debe mejorar.
Una de ellas fue la instancia de la Organización para que Costa Rica adapte su normativa para la migración, para facilitar que los extranjeros se regularicen e inserten en el mercado laboral.
"Una política de puertas abiertas para Costa Rica, con su situación fiscal actual, no es posible", manifestó la jerarca.
Chacón también reprochó que la OCDE pida más esfuerzos para reducir el trabajo infantil.
"Nos hemos convertido en uno de los países que más la ha erradicado, tenemos 10.000 niños menos en las calles que hace algunos años. Costa Rica sí tiene una estrategia bien establecida", expresó Chacón.
La vicepresidenta también sostuvo que al terminar su periodo, el Gobierno dejará listos mecanismos para que las ayudas sociales se manejen de forma integrada entre todas las instituciones que las facilitan, por lo que consideró erróneo afirmar que el sistema se encuentra fragmentado.
Otras recomendaciones de la OCDE
-Promover el diálogo social y la convención colectiva para mejorar los mecanismos de fijación de salarios.
-Fortalecer los servicios de inserción e intermediación laboral.
-Establecer una institución de de ventanilla única de los programas sociales y reducir la fragmentación de esos mismos planes.
-Introducir mecanismos para evaluar la efectividad de los programas del mercado laboral.
-Aumentar el financiamiento para que el programa de becas Avancemos llegue a más jóvenes.
-Considerar medidas para aumentar la capacidad del sistema tributario de reducir la desigualdad de ingresos.
-Ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas para todas las personas en riesgo de pobreza y pobreza extrema.
-Mejorar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, mediante la revisión de la edad legal para jubilarse según los cambios en la esperanza de vida.
-Aumentar oferta de servicios de guardería pagados con fondos públicos.
-Combatir la discriminación de género en los lugares de trabajo.
-Combatir la pobreza infantil.
-Considerar una regularización extraordinaria de los inmigrantes presentes en el país.
-Redefinir el costo que deben afrontar los migrantes para regularizar su situación.