La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) solicitó, este jueves 25 de febrero, la exclusión de los fondos voluntarios de pensiones de un proyecto de ley que pretende gravar, con el impuesto sobre la renta, a las personas con múltiples jubilaciones.
Hermes Alvarado, presidente de ACOP, afirmó que la iniciativa legal implica una amenaza de “retiros masivos“ por parte de más de 80.000 personas que tienen acumulados de ¢329.243 millones, en ahorros voluntarios individuales, y pueden llevárselos cuando así lo soliciten a la operadora.
En específico, las operadoras se oponen a una reforma a la Ley de impuesto sobre la renta, presentada por la liberacionista Yorleny León, que plantea que todos los regímenes de pensiones básicos y las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) deben enviar cada trimestre a Tributación la lista de los jubilados, con el objetivo de que el fisco identifique las personas con multipensiones.
El fin del texto es que el Ministerio de Hacienda sume todas las pensiones y establezca una única base impositiva de pago de tributo.
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De dicha medida, se excluye el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), pues así se propuso en una moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute la iniciativa.
“La expectativa de los afiliados, ante el nuevo impuesto, los hará de inmediato retirar los ahorros propiciando la desaparición de los regímenes voluntarios”, recalcó Alvarado.
Actualmente, la Ley de Protección al Trabajador establece la exención del pago de renta tanto para el ROP como para los fondos voluntarios.
“El proyecto parece inocuo, pero cuando se establece el propósito que se remita toda la información a Tributación, es aplicar el impuesto de la renta con la sumatoria de todas las prestaciones de la persona”, detalló Danilo Ugalde, director ejecutivo de ACOP.
Ugalde añadió que el plan nace con el objetivo de gravar a quienes tengan varias pensiones del primer pilar; pero se incluye el régimen voluntario.
Los regímenes básicos son los que están a cargo al Presupuesto Nacional, el del Magisterio Nacional, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el del Poder Judicial.
“El proyecto no dice que elimina la exención de los fondos voluntarios, pero dice que se debe reportar la información. La finalidad es juntar todos los componentes de pensión y calcular la renta”, afirmó el vocero de la Asociación.
León descartó que el proyecto amenace los fondos de pensiones voluntarios.
“Si quedan fuera (los fondos voluntarios) podríamos estar exonerando a gente que tiene condiciones económicas favorables y debería estar pagando la totalidad el impuesto de renta, si se suman todas en una sola base”, recalcó la legisladora.
La congresista apuntó que se puede valorar excluir a los fondos voluntarios de la iniciativa, si las OPC demuestran que la mayoría de afiliados son de ingresos bajos, pero aún no cuentan con esa información.
La iniciativa legal describe, en la exposición de motivos, que en el país hay casi 18.000 personas con multipensiones.
A cada jubilado se le aplica el impuesto sobre la renta de manera individual, pero si se sumaran todas las pensiones, la recaudación se elevaría en ¢10.642 millones.