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Una mejoría en las prácticas de gobernanza de las empresas propiedad del Estado (EPE), tendiente a elevar la eficiencia y control, aumentaría hasta en 1,1% el producto interno bruto (PIB) per cápita en Costa Rica, concluyó un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, una mayor competencia y la creación de condiciones más equitativas respecto a las firmas privadas podría elevar el PIB per cápita en otro 0,5%, añade el análisis.
El informe, Gobierno Corporativo en Costa Rica, forma parte de las evaluaciones realizadas por la organización en el proceso de adhesión a ese grupo de países y fue divulgado la mañana de este miércoles 7 de octubre.
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La presentación se realizó en una actividad virtual organizada por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), coordinador del proceso de adhesión a la OCDE, la cual moderó el ministro en ejercicio de ese despacho Duayner Salas.
Participaron, también, la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, y la superintendente General de Valores (Sugeval), María Lucía Fernández.
La evaluación se realizó para las empresas que cotizan en el mercado de valores y para las empresas propiedad del Estado.
La OCDE también resalta el poco desarrollo del mercado de valores en Costa Rica, una situación que le confiere aún más relevancia a las EPE en el mercado local. Esto deriva, por ejemplo, en la concentración de la deuda pública en empresas del sector EPE.
Esta evaluación de la organización analizó el cumplimiento de las principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del grupo del G-20, las directrices sobre las empresas públicas y las directrices sobre la lucha contra la corrupción e integridad de las empresas públicas (ACI, siglas en inglés).
Oportunidades
Se necesitan mejores prácticas de gobernanza para que las EPE se desempeñen de manera sostenible, concluye el informe presentado este miércoles.
En relación con la separación del Estado como propietario al de su rol como regulador, no existe una clara separación entre los objetivos comerciales y de políticas de las EPE, advierte el documento. “Los objetivos de las políticas suelen primar sobre lo objetivos comerciales”, enfatizó.
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Llamó la atención, también, acerca de las distorsiones que afectan la igualdad de condiciones entre las EPE y las empresas privadas, particularmente en el sector financiero.
Añadió que algunos escándalos, como el del cemento chino, revelaron la vulnerabilidad de las empresas públicas de cara a la corrupción.
En tanto, el desempeño de las juntas directivas de las empresas públicas fue calificado como variable y con oportunidades de mejora.
El informe recomienda implementar en su totalidad las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), establecer y monitorear objetivos de desempeño financiero y no financiero y desarrollar una política sobre la confidencialidad de la información.
Además, recomienda aprobar e implementar legislación pendiente relacionada con la contratación pública, así como medidas para fortalecer aún más la composición y funcionamiento de las juntas directivas de las EPE.
Parte de las recomendaciones son también la transformación de la empresa en sociedad comercial y la simplificación de las figuras legales y corporativas de las entidades públicas. También la definición, evaluación y rendición de informes sobre los costos para alcanzar los objetivos de servicio público en cada EPE.
La organización reconoce avances en la aprobación de algunas leyes relacionadas con el control de estas empresas, entre ellas una que obliga a poner en vigencia en todas ellas las NIFF, pero que no se ha cumplido en su totalidad.
