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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó, este miércoles 24 de junio, de que gestionará ante el Gobierno la reanudación de vuelos turísticos a partir del 1.° de julio, primero con países europeos y, posteriormente, con Canadá.
La entidad coordinadora del sector turismo recordó que ese reinicio de vuelos se realizaría con aplicación de estrictos y diferenciados controles sanitarios, incluido en ellos el uso del formulario digital epidemiológico que ya se utiliza en los vuelos de repatriación.
Según el ICT, las aerolíneas American Airlines, Delta, United, Iberia, Lufthansa, Edelweiss, JetBlue y Spirit no solo ya informaron de su interés de reabrir servicios a Costa Rica, sino que algunas de ellas están vendiendo boletos para el mes de julio.
“Se ha solicitado respetuosamente la apertura de los tres aeropuertos internacionales, Juan Santamaría, Daniel Oduber y Tobías Bolaños, tanto para vuelos con itinerarios establecidos, como privados, a partir del 1.° de julio del 2020, de forma escalonada, controlada y paulatina”, detalló el ICT, en un comunicado de prensa.
El ICT manifestó también que, el 22 de junio, solicitó una reunión con el presidente de la República, Carlos Alvarado, y otros funcionarios, para plantear las inquietudes. Explicó que ese encuentro ya se había pactado, pero se trasladó en vista de que la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, está incapacitada.
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El ministro de Salud, Daniel Salas, ha repetido en varias ocasiones que la reapertura al ingreso de turistas internacionales será muy paulatina, controlada y con países donde la incidencia del coronavirus sea menor al momento de tomar esa medida.
Salas se ha referido repetidamente al tema ante consultas durante la conferencia diaria donde informa de la situación de la pandemia.
Con su gestión, el ICT se une al clamor del sector privado turístico, reunido en la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y en la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH). Según esos gremios, aplazar la fecha afectará profundamente al sector y dará espacio para perder competitividad con otros destinos.
“La apertura debe darse bajo estrictos controles de salud de los aeropuertos y así intentar aprovechar los meses de julio y agosto, en los cuales se da el ingreso de muchos turistas de Europa y Canadá que vienen a disfrutar sus vacaciones de verano a suelo costarricense”, enfatizó, por su lado, el ICT.
Avances
Alberto López, gerente general del ICT, detalló que esa entidad dio pasos relevantes para un control estricto sanitario de apertura de las terminales aéreas.
Aseguró que han convocado tanto a la Dirección General de Aviación Civil como a los gestores de ambos aeropuertos, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Seguros, a la Cancillería de la República, a la Dirección General de Migración y Extranjería y al sector privado, en la figura de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), para trabajar en la reapertura de los aeropuertos y para atender los distintos temas que solicitan las autoridades pertinentes.
Dichas convocatorias, detalló, se realizaron por medio del despacho de la ministra Revelo y por la mesa ejecutiva de trabajo de líneas aéreas del ICT (constituida por la Hoja de Ruta del Sector Turístico) y de la gerencia general del ICT.
Entre los aspectos analizados para estos avances se incluyen la trazabilidad de los contactos que tendrán los turistas, la preocupación por el costo de la eventual hospitalización de visitantes internacionales que puedan contraer la enfermedad covid-19 o que durante su estancia en el país tengan que cumplir una cuarentena en caso de contraer el virus.
López informó de que la Junta Directiva del ICT aprobó un acuerdo, en la sesión del 15 de junio pasado, según el cual de no reactivarse el turismo internacional para los meses de julio y agosto podría verse amenazada la sobrevivencia de muchas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) turísticas dependientes de los mercados foráneos.
El gerente de la institución aseguró, también, que las empresas medianas y grandes advirtieron de una eventual posposición de su reapertura hasta noviembre, si se atrasa la flexibilización de medidas. Una decisión de ese tipo tendría un gran impacto en el empleo, pues implicaría una consecuente extensión de suspensiones de contratos y la aplicación de jornadas parciales.
