Durante el primer trimestre del 2023, el Poder Ejecutivo reportó el menor déficit fiscal de los últimos 15 años para ese periodo de tres meses.
Sin embargo, en los albores de su gestión también flexibilizó el primero de los compromisos plasmados en el plan del gobierno de Rodrigo Chaves para rendir al máximo el dinero público: “Aplicar la reforma fiscal sin excepciones”.
Cuarenta y cinco días después de asumir el poder, el 22 de junio del 2022, el mandatario y Nogui Acosta, ministro de Hacienda, firmaron un decreto que aflojó la regla fiscal, instrumento que impone un límite al gasto y que fue incluido en la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, aprobada en diciembre del 2018.
El Ejecutivo decidió modificar la metodología de cumplimiento del límite al gasto para hacer la comparación entre el presupuesto final de cada año y el ordinario; en vez del gasto realmente ejecutado. La nueva interpretación permitió un tope del crecimiento en el gasto que la Contraloría General de la República (CGR) estimó en ¢433.000 millones.
No obstante, la determinación de la actual administración de cambiar la regla fiscal continúa y a dicho objetivo se unieron, en el último año, varias agrupaciones legislativas.
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Acosta afirmó, el 4 de octubre del año pasado, en una conferencia conjunta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que era necesario excluir el pago de los intereses de la deuda y el gasto del capital de la regla fiscal, para que esta se aplique solo sobre los egresos ordinarios (salarios, servicios, transferencias).
Un análisis hecho por el FMI, en enero anterior, calculó que si la iniciativa del Gobierno se hubiera aprobado, el gasto corriente hubiera crecido en ¢140.000 millones al existir más espacio para gastos en Presupuesto Nacional.
El pasado 29 de abril, el jerarca de Hacienda dijo que el Poder Ejecutivo aceptó mantener dentro de la regla fiscal la inversión pública y los intereses de la deuda.
Sin embargo, el Gobierno y los legisladores coincidieron en excluir del límite del gasto a las instituciones públicas que no están en competencia y cuentan con ingresos propios de su actividad. Por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y la Junta de Protección Social (JPS).
El Fondo recomendó no exceptuar de la norma a estas entidades. Solo a las empresas públicas en competencia no se les aplica el límite, porque así lo estableció la reforma fiscal desde el 2018.
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¿Por qué es importante?
La regla fiscal es el elemento más determinante pues ha permitido que, en los primeros 12 meses del gobierno de Rodrigo Chaves, se obtuvieran los mejores resultados de las finanzas públicas en décadas.
El freno en el gasto, aunado a los mayores ingresos tributarios por la reforma fiscal del 2018, son la razón del cambio de tendencia.
Hasta marzo anterior, el déficit fiscal fue equivalente al 0,5% del producto interno bruto (PIB), el más bajo en 15 años; y hubo un superávit primario (ingresos mayores a los gastos, sin incluir el pago de la deuda) del 1% de la producción, el mayor reportado desde 2009, cuando fue del 1,2% del PIB.
Además la mayor fortaleza fiscal del Gobierno Central fue la razón principal de que las agencias S&P y Fitch Ratings mejoraran la calificación de riesgo del país.
Precisamente, la mejor perspectiva de las finanzas públicas es una de las razones de que el compromiso de reducir los intereses de la deuda gubernamental se esté alcanzando.
Entre enero y abril de este año, los rendimientos de los bonos de deuda interna colocados por Hacienda tuvieron una reducción de entre 0,6 y dos puntos porcentuales (p.p.).
También favoreció las condiciones para que el Gobierno colocara, el pasado 27 de marzo, $1.500 millones de títulos valores en el mercado extranjero.
La aprobación de los eurobonos en el Congreso, aunque no estaba en el plan de Gobierno, era uno de los objetivos del Ejecutivo para lograr la ruta de la sostenibilidad de las finanzas públicas porque quita presión de captación de recursos en el mercado local.
Hacienda tiene aún la opción de vender otros $1.500 millones en el mercado internacional durante el segundo semestre de este año. Además, $1.000 millones en el 2024 y otros $1.000 millones en el 2025.
