El Gobierno y los diputados están cerca de sellar un acuerdo para aflojar la regla fiscal, mecanismo legal que le pone un techo al crecimiento del gasto público.
A partir de un proyecto de ley presentado por la administración de Rodrigo Chaves, las partes coincidieron en excluir de la regla a las instituciones públicas que no están en competencia, pero que tienen ingresos propios producto de actividades comerciales.
Tal es el caso de entidades como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Las empresas en competencia están excluidas desde la creación de la regla, en el 2018.
El acuerdo alcanzado en una mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea también excluiría a entes públicos no estatales, como los colegios profesionales.
Así lo explicaron la presidenta de ese órgano parlamentario, la diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN), y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
La congresista enfatizó que se trata de un borrador de dictamen del expediente 23.330, que se está trabajando entre los congresistas miembros del foro legislativo y aún no está aprobado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) había recomendado a Costa Rica mantener sujetas a la regla fiscal a todas las instituciones públicas bajo control del Gobierno, así como a las empresas estatales que no estén en competencia. Consideró que aflojar esta norma de control de gasto socavaría la credibilidad del país.
Incluso, recomendó monitorear la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de los gobiernos locales con parámetros enfocados en el riesgo. Actualmente, estas instituciones están excluidas por ley.
No obstante, el Gobierno insistió en excluir a empresas públicas que no están en competencia y, además, liberar de la regla el gasto en obra pública y el pago de intereses de la deuda pública.
Sobre estas dos últimas propuestas, que también fueron criticadas por el FMI, no hay acuerdo político.
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¿Qué es la regla fiscal?
La regla le pone un techo al crecimiento del gasto según las condiciones económicas del país. Es más estricta conforme mayor sea la deuda pública y menor sea el crecimiento económico. Ha sido una herramienta fundamental para contener la crisis fiscal.
Aunque requiere afinamiento, Ramírez dijo que a las entidades públicas que aceptarían eximir de la regla fiscal les pondrán topes de gasto, así como algunas restricciones.
“Es como una regla fiscal propia para cada institución, para que mantengan solvencia, un tope de deuda, que presenten estados financieros auditados y que el Ministerio de Hacienda haga un reglamento para regular y valorar la condición de cada institución”, dijo la verdiblanca.
La intención sería verificar si una entidad está en condiciones de permanecer dentro de la regla fiscal o puede ser excluida.
El ministro Acosta aseguró que se están haciendo observaciones, y no se busca generar un daño. Argumentó que sacar de la regla fiscal las donaciones, las empresas públicas y los colegios profesionales “no tiene impacto en el déficit y eso va a mejorar la gestión de las instituciones”.
“Mantenemos el rigor de la regla fiscal para el Gobierno Central. Estamos conscientes de que hay que abogar por lo posible y nos parece que la discusión debe centrarse en esos temas, no atrasar las decisiones importantes para otras entidades. Vamos a ceder, mantener la discusión porque tenemos argumentos válidos, pero los daremos en otros momentos”, alegó Nogui Acosta.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, aseguró que la dirección en que avanza la propuesta es correcta, porque esa exclusión a empresas no financieras estaría beneficiando a entidades como la JPS y el Incofer.
“El Incofer tiene ¢800 millones que no puede utilizar, porque la regla imposibilita incluirlos en el presupuesto. Lo mismo ocurrió con la JPS. Se estaría excluyendo al Consejo Nacional de Producción (CNP) en el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), con el que compra a agricultores para venderle a instituciones y luego usa la misma plata para comprar otra vez, y no puede crecer por la regla fiscal”, explicó.
Paulina Ramírez dijo que se toman en cuenta las recomendaciones del FMI y limitan la intención original del Gobierno, que era pasar de una restricción de gasto del 95% a una del 63%, aproximadamente.
“El FMI dio sus recomendaciones, la Contraloría General de la República también, y nadie recomendó flexibilizar la regla. Hicimos un borrador de lo que podíamos aceptar, tomando en cuenta las recomendaciones del FMI”, comentó la liberacionista.
“Los intereses se mantienen dentro de la regla, el gasto de capital, tal como lo sugirió el Fondo, pero las donaciones se excluyen. Nada de lo que tenga que ver con Gobierno Central se va a excluir”, enfatizó Ramírez.