A lo largo de su primer año de gestión, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció denuncias penales contra nueve exjerarcas públicos por hechos que calificó como “gravísimos”; sin embargo, nunca las presentó ante la Fiscalía.
Aunque dijo que lo hacía como parte de la obligación legal que tiene todo funcionario público de denunciar actos de corrupción, hasta ahora no consta ningún expediente judicial contra estas personas ante el Ministerio Público. Así lo confirmó la oficina de prensa de esa institución.
No existe una denuncia contra el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Álvaro Ramos, ni contra los cinco miembros de la Junta Directiva de esa entidad que aprobaron un aumento salarial retroactivo para 63.000 trabajadores de la CCSS.
Chaves habló de presentar una denuncia contra ellos en una conferencia de prensa, el 7 de diciembre del 2022.
Tampoco existe una denuncia contra los exministros de Educación del gobierno anterior, Guiselle Cruz y Steven González; ni contra el exoficial mayor del Ministerio de Educación Pública (MEP), Wilbert Chin, por presuntas “irregularidades” en el alquiler de edificios para albergar al personal de esa cartera ministerial.
El presidente avisó que presentaría denuncias contra ellos el 20 de julio del 2022, hace 292 días.
Asimismo, no hay un expediente en el Ministerio Público en contra del gabinete del ahora expresidente Carlos Alvarado por nombrar supuestamente a tres miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), “de manera ilegal”.
El mandatario Chaves Robles habló de denuncias contra ellos el 1.° de junio del año pasado, hace 341 días, cuando justificó la destitución de los directivos del ICE.
“La Fiscalía Anticorrupción indicó que consultó el sistema de gestión de casos y en otros sistemas de control de ingresos de denuncias y no se registran causas en investigación”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público el jueves 27 de abril del 2023.
Este diario envió consultas a las oficinas de prensa de Casa Presidencial y del MEP para conocer por qué no se presentaron las denuncias. Los correos electrónicos se remitieron el miércoles 3 de mayo y, al cierre de esta publicación, no se había obtenido una respuesta.
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¿Qué dijo Chaves en cada caso?
Aumento salarial en la Caja
El 7 de diciembre del 2022, Rodrigo Chaves anunció que el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime llevar a la Fiscalía al expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, y a cinco miembros de la Junta Directiva de esa institución por la aprobación del alza salarial.
Los directivos son José Luis Loría, Carlos Salazar, Maritza Jiménez, Martha Rodríguez y Jorge Hernández.
Sin dar mayores detalles, el gobernante adujo que existían “irregularidades claras, conflictos de intereses y el potencial de delito penal”; y que esos hallazgos eran el resultado de una investigación que realizó la jerarca de esa institución, Marta Esquivel, quien asumió el cargo el 19 de setiembre del 2022.
“A estas cinco personas, más al expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves, los estamos llevando a la Fiscalía, para que haga una investigación en la vía penal, por los eventuales hechos delictivos en los que pareciera o pudieron haber incurrido estos cinco miembros de la Junta Directiva y el expresidente ejecutivo de la CCSS.
“Esta no es una decisión fácil ni liviana, pero era un imperativo que el Consejo de Gobierno, de manera unánime, decidió adoptar en vista de nuestro compromiso contra la corrupción, contra el mal manejo de los recursos públicos y contra el aprovechamiento de la posición personal para beneficiar a personas relacionadas a uno mismo.
“Estamos enviando los casos a la Fiscalía para que determine los eventuales delitos criminales, penales, que cometieron esas cinco personas más el expresidente ejecutivo de la CCSS”, expresó Chaves.
Álvaro Ramos aseguró a este diario que, hasta la fecha, él no ha sido notificado de dicha denuncia, a pesar de haberse apersonado para entregar sus datos de contacto por cualquier requerimiento.
“Nunca he sido notificado. (...) Molestia la que tengo de que anunciaran algo y nos dejaran en indefensión. Inmediatamente después (de las declaraciones de Chaves), nos apersonamos al Ministerio Público, proporcionamos voluntariamente nuestros datos para ser notificados. No solo yo, también los miembros de la Junta Directiva que votamos a favor del aumento”, manifestó Ramos.
Alquileres en el MEP
El 20 de julio del 2022, Chaves anunció que un día antes, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, presentó una denuncia contra sus antecesores Guiselle Cruz y Steven González, además del exoficial mayor Wilbert Chin.
Afirmó que la denuncia se debía a presuntas irregularidades en alquileres de edificios del MEP, pero no detalló los hechos que les atribuía a los exjerarcas.
En esa ocasión, Rodrigo Chaves también se refirió a la obligación legal de denunciar.
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Nombramientos en Directiva del ICE
La primera denuncia anunciada se dio a conocer el 1.° de junio del año anterior, es decir, hace 341 días.
En esa ocasión, Chaves anunció que el Consejo de Gobierno decidió denunciar, ante el Ministerio Público, el aparente nombramiento ilegal de tres directivos del ICE por parte de la administración de Carlos Alvarado.
El mandatario precisó que un informe de auditoría del Instituto concluyó que tres directivos fueron nombrados de manera ilegal, porque no cumplían con los requisitos para el cargo, los cuales están enumerados en la ley orgánica de la institución.
Se trataba de Sandra Rojas Araya, María Elena Feoli Peña y Carla Murillo Solano, cuyos nombramientos datan del 2019.
“El Consejo de Gobierno tomó la decisión, que es producto de una obligación penal, de elevar la materia al Ministerio Público para que se investigue y se establezca si existe responsabilidad de los miembros del Consejo de Gobierno anterior que nombraron a estas personas”, dijo el presidente ese día.
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Denuncia fallida contra viceministro
El gobierno de Rodrigo Chaves también anunció otro aparente hecho de corrupción que al final quedó descartado, aunque no dijo que lo iba a denunciar ante el Ministerio Público. En ese caso, solo destituyó al jerarca y ordenó abrir una investigación interna.
Se trata de Randall Vega, quien fue nombrado por Chaves como viceministro de Seguridad y fue destituido el 4 de octubre del 2022, luego de que Chaves alegara pérdida de confianza al atribuirle “permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos, que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico”.
Posterior a la destitución, el Ministerio de Seguridad Pública concluyó la investigación y declaró sin lugar la causa que originó su despido y, más bien, exoneró al exviceministro de toda responsabilidad disciplinaria.
En el órgano director contra Vega no se mencionó ningún presunto favorecimiento a una empresa específica, como sí lo detallaba el comunicado de Casa Presidencial, en el que se anunciaba la salida de Vega.
La investigación le cuestionaba el presunto incumplimiento al deber de vigilancia, al aducir que no desplegaron controles para verificar que, en la Dirección de Transportes y en la Proveeduría, se realizaran con calidad los procesos de revisión y recomendaciones técnicas y de contratación para una compra y un canje de vehículos destinados a la Policía de Control de Drogas (PCD).
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