Patricia Leitón. 10 marzo
"Los recursos siguen siendo de la institución, ellos no los pierden, tan solo que ahora no se les van a remunerar, explicó Martha Cubillo, tesorera Nacional. Aquí, durante la presentación del Plan de Endeudamiento para el II Semestre del 2019. Foto: Mayela López

Las entidades que pertenecen a la Autoridad Presupuestaria (AP) trasladarán ¢456.000 millones que tenían invertidos en títulos del Gobierno, a la Caja Única del Estado, anunció el Ministerio de Hacienda, en un comunicado, la tarde de este martes 10 de marzo.

De esta forma, el Gobierno dejará de pagar intereses por esos títulos y el dinero pasará a una cuenta de la institución dentro de la caja única, que concentra los recursos líquidos del Estado en una sola cuenta de banco.

Las instituciones utilizan estos recursos líquidos para realizar transacciones como pagos de salarios, compras, inversiones o transferencias, entre otros.

Martha Cubillo, tesorera Nacional, explicó que el traslado de ¢456.000 millones, que equivale a 1,19% del PIB (producto interno bruto) durante el 2020, permitirá reducir la deuda bonificada del Gobierno, que es la deuda que está en valores y sobre la cual paga intereses.

El Gobierno seguiría debiendo ese dinero a las instituciones, pues les pertenece, pero se contabiliza como una cuenta por pagar donde se contabilizan otros pasivos o deudas del Estado como los pagos a proveedores o los pagos de pensiones.

De esta forma, esta medida ayudaría al Gobierno a alejar el endeudamiento bonificado del umbral del 60% de la producción, luego del cual se deben aplicar medidas más severas sobre el gasto, como limitar la inversión.

“En el 2019, el saldo de la deuda del Gobierno Central cerró en 58,5% del PIB, cerca del umbral del 60% de la relación deuda/PIB (producto interno bruto). La recaudación fiscal, la confianza del mercado financiero, el tipo de cambio, entre otros factores, requieren medidas efectivas que consoliden la sostenibilidad de nuestras finanzas”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Otro beneficio de la medida para el Gobierno es que tendría un ahorro en el pago de intereses por ¢21.439 millones de colones (0,056% del PIB), hasta el 2023.

La idea de hacer el traslado proviene de una recomendación de la Contraloría General de la República, la cual, en su informe DFOE-S F-OS-00002-2019, sugiere al Ministerio de Hacienda que la Autoridad Presupuestaria redireccione los saldos disponibles en estas entidades hacia la Caja Única del Estado.

La propuesta de la Contraloría era transferir ¢1 billón, según dijo la contralora general Marta Acosta y su equipo, en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, el 19 de febrero pasado.

Según dicha exposición, eso permitiría al Estado ahorrar ¢120.000 millones en intereses.

Cubillo explicó que para transferir tal monto se requeriría aprobar leyes porque en esta estimación están incluidas entidades que están fuera de la Autoridad Presupuestaria.

“Ella (Acosta) habla de transferir un 1 billón, eso hay que ajustarlo un poco, hay que revisar porque algunas de estas instituciones tienen su propia ley. Ella habla de dos tipos de acciones: las administrativas, que son estas las que hacemos (...) y hay otros montos que tendríamos que cambiar leyes, de momento no se pueden tocar, son instituciones que están fuera de la Autoridad Presupuestaria”, explicó Cubillo.

Se consultó, también, sobre cuáles entidades y los montos que trasladarían. Fue posible obtener la lista de las entidades que suman 14.

Sobre cómo se realizará el traslado, Cubillo explicó que las entidades tienen los recursos invertidos a diferentes plazos, pero el mandato presidencial y de la Autoridad Presupuestaria es que se haga una redención anticipada. Esto quiere decir que se les entregarán los recursos por los títulos antes de su plazo de vencimiento.

La Ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos permite la rendención anticipada siempre que sea de beneficio para los resultados del fisco.

“La redención se les va a hacer a la par, significa que les vamos a reconocer, hasta la fecha de rendención, todos los intereses”, detalló Cubillo.

El Ministro resaltó que esta medida no requiere reformas legales, pues el manejo de fondos de las entidades que se encuentran dentro de la Autoridad Presupuestaria es potestad del Ejecutivo.