La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó al Ministerio de Hacienda por subutilizar la información recibida en las facturas electrónicas para efectuar control tributario. En una auditoría publicada este lunes, la entidad encontró un aumento del incumplimiento en la presentación de las declaraciones de renta y del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
Para la Contraloría, estas omisiones minan la labor de fiscalización de Tributación. “Se evidenció que a pesar de la obligatoriedad del uso de comprobantes electrónicos para respaldar la compra y venta de bienes y servicios, aún es baja la cobertura de contribuyentes que emite este documento electrónico para fines tributarios...”, indica el oficio DFOE-FIP-IAD-00004-2023.
Al primer trimestre de este año, el 42,8% de los contribuyentes obligados a presentar comprobantes electrónicos no lo hicieron. Dicho porcentaje significó un incremento debido a que al cierre del 2022 era el 30,2%. En el caso de la declaración del tributo sobre los ingresos y utilidades se incrementó 25% la cantidad de contribuyentes que no hicieron el trámite.
“La Contraloría determinó una eficacia media del sistema de comprobantes electrónicos como mecanismos de control sobre los impuestos sobre el valor agregado e ingresos y utilidades. Esta es una herramienta clave que permite dar trazabilidad a las transacciones y puede incidir en la disminución de los incumplimientos tributarios”, afirmó Julissa Sáenz, gerente de Desarrollo de la Finanzas Públicas de la Contraloría.
La CGR ordenó a la Dirección General de Tributación (DGT) que, a agosto del 2024, deberá diseñar e implementar un sistema de análisis de datos que le permita medir la cobertura de contribuyentes en el Registro Único Tributario.
Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, comentó que los comprobantes electrónicos son una herramienta poderosa para luchar contra la evasión y aclaró que desconoce las observaciones emitidas por la Contraloría en su informe.
Sin embargo, añadió que desde Tributación se está avanzando en usar los datos almacenados en los sistemas de la institución para el trabajo de fiscalización.
Mario Ramos, director general de la DGT, destacó que no todos los contribuyentes están obligados a presentar facturas electrónicas. “Con respecto a las actuaciones de control a que hace referencia el informe, el porcentaje señalado considera únicamente la selección de contribuyentes para ser fiscalizados solo con comprobantes electrónicos como factor de riesgo”, afirmó el jerarca.
El comprobante electrónico es un documento, en formato XML, autorizado por el fisco en el cual se respalda la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios y que debe ser generado y enviado a Tributación.
En el 2016 se dio la primera resolución que hizo obligatoria la utilización de dicho instrumento y fue hasta el 2018 cuando el fisco ordenó la masividad.
Según datos de Hacienda, el fisco recibe cada mes, en promedio, 140 millones de facturas electrónicas por la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios en todo el territorio nacional.
Sin pagar impuestos
Entre los hallazgos de la CGR están los contribuyentes que declararon cero impuestos o pérdidas durante el periodo del 2021 al primer semestre del 2023. Por ejemplo, 33.107 contribuyentes del IVA declararon en promedio en cero impuesto, pese a registrar venta de bienes y servicios gravados en sistema de comprobantes, lo cual refleja la realización de una actividad económica lucrativa, según la Contrarloría.
En el caso de renta, fueron 60.934 los obligados tributarios quienes informaron de que tuvieron cero ganancias o registraron pérdidas, a pesar de tener ingresos brutos por ¢7,3 billones y activos por ¢19,4 billones, se reseña en el documento.
“De la auditoría se determinó que la gestión de riesgos de incumplimiento tributario en la Dirección de Inteligencia Tributaria de la DGT es ineficaz para identificar y prevenir riesgos con base en información disponible de comprobantes electrónicos”, recalcó la Contraloría.
La institución concluyó que los comprobantes electrónicos son el principal mecanismo con el cual dispone actualmente la Administración Tributaria costarricense para prevenir el incumplimiento tributario.
El director de Tributación dijo debe tenerse presente que las empresas pueden arrastrar las pérdidas hasta por un periodo de tres años, razón por la cual se entendería que esa es una consecuencia de los resultados provocados por la pandemia de la covid-19.