EscucharDurante los últimos meses, un incremento sustancial en el número de delitos violentos –en particular, homicidios asociados a estructuras de crimen organizado, según el discurso oficial– ha encendido señales de alerta y deteriorado profundamente la percepción de seguridad en la población.
Sobra referirse a las consecuencias negativas de lo que está sucediendo en este ámbito y que van, desde el deterioro de la seguridad individual, pasando por la ralentización del crecimiento económico y, particularmente, el enorme daño a la convivencia democrática en un contexto de descreimiento, indignación y, sobre todo, una sensación de abandono en las ciudadanías que las lleva a acoger cualquier propuesta y deriva política – cuanto más estridente y vacía, probablemente mejor – en el marco de desesperación que hemos contribuido todos, por error y omisión, a crear.
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Al posicionarse la inseguridad entre las principales preocupaciones que expresan las personas en los sondeos de opinión y, especialmente, el haberse instalado en el imaginario colectivo – producto de convertir un asunto complejo y que requiere un abordaje multidimensional en parte de las vacías disputas tribales que caracterizan la política de polarización y confrontación que domina hoy – la idea de que la solución al problema radica, exclusivamente, en perseguir, reprimir y castigar, se ha entrado en un bucle perverso de indignación y preocupación, ausencia de acciones gubernamentales concretas para enfrentar el problema y satisfacer las demandas ciudadanas y de intereses que ven, en la incapacidad política de responder a la coyuntura, una oportunidad para llevar agua a sus molinos electorales o impulsar sus agendas.
Debería sobrar advertir de los enormes peligros de este vacío de acción gubernamental: pues no sólo el problema de violencia e inseguridad se agrava, con las consecuencias en todos los ámbitos que esto conlleva, sino que, además, la indignación y el uso de la coyuntura crítica por diversas agendas que ven en posturas y derivas autoritarias la solución a todos los males no harán más que deteriorar los espacios de convivencia democráticos.
¿Qué hacer? Pues las instituciones tienen que actuar. Para empezar el reto no se afronta en una ausencia total de políticas públicas y de recursos gubernamentales. En lugar de esperar pasivamente los anuncios de bien intencionadas, pero ingenuas al fin, reformas legales o de espectaculares y grandilocuentes estrategias para resolver el problema, es necesario actuar inmediatamente, primero, a partir de los recursos y las capacidades existentes.
Lo primero es reasignar recursos para fortalecer las capacidades en materia de seguridad democrática, esto supone abandonar, por un momento, la gestión fiscalista extrema de los presupuestos y empezar a utilizar espacios en ellos para mejorar las remuneraciones policiales (eliminado cualquier perverso esquema que replique estos ajustes a sectores privilegiados en las burocracias), aumentar el número de personas que contribuyen al orden y la seguridad en el país y fortalecer su equipamiento. Los espacios fiscales existen, se han ganado y desaprovechado en los últimos años, dejando pasar la oportunidad de hacer un ajuste que fortalezca el rol de las políticas públicas y no uno basado, como tantas veces en el pasado, en el recorte presupuestario irreflexivo.
Pero si la estrategia pretende ser exitosa de verdad – en, al menos, dos dimensiones: la de la seguridad propiamente dicha pero sobre todo en construir un espacio de convivencia social más funcional, vibrante y equitativo – será necesario pensar en más: crear los espacios para mayores y más profundas intervenciones gubernamentales en creación de espacios colectivos, de oportunidades – de corto plazo como el empleo, pero también de capacidades para el ascenso social en el mediano plazo como educación y salud – en el país y, en particular, en las regiones con mayores dificultades y vulnerabilidades. Sin esto es imposible construir un entorno de seguridad duradero.
La tercera pieza de la estrategia es la construcción de un acuerdo nacional que contribuya no sólo a financiar sosteniblemente estos esfuerzos – esto podría llegar a implicar, incluso, sacrificios tributarios – sino que, particularmente, un compromiso de todos los actores políticos – partidos y grupos de interés – de pensar la solución a este problema en una clave dominada por el realismo y sobre todo por el compromiso democrático, de manera que nadie se atreva a utilizar la muerte y la violencia como una excusa para lograr otros fines.
Represión del crimen – que es, sin duda, necesaria – sin creación de oportunidades es obviar la complejidad de un problema que va más allá del control de los territorios, y que implica – como todos los problemas que aquejan a las sociedades democráticas – atender vulnerabilidades y, sobre todo, los rezagos y las barreras en el acceso real a las oportunidades de todas y todos.
