EscucharUna vez más, la harto conocida dificultad para alcanzar acuerdos que ha caracterizado, en los últimos veinte años, al sistema político costarricense amenaza con pasar factura: la probable nueva posposición del proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales, esta vez en el marco del acuerdo de facilidad ampliada negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), producto del poco avance legislativo de las medidas tributarias pactadas con el organismo internacional.
¿Qué condujo, nuevamente a este punto? En esta ocasión, primero, la fragilidad, los titubeos, los errores y la falta de empeño de un Ejecutivo débil políticamente, poco convencido de buscar el ajuste a través del mecanismo del FMI debido a sus prejuicios ideológicos y tempraneros guarismos electorales, pero a la vez incapaz de diseñar un ajuste presupuestario e impositivo consecuente con su pretendido progresismo y, sobre todo, muy calculador, al pensar que los resultados fiscales recientes dan para llegar a mayo sin problemas de financiación, sin que se deteriore nuevamente la confianza de los actores económicos y sin costos adicionales en las encuestas de opinión.
Pero además, como si las carencias del Ejecutivo no fueran suficientes, una refriega electoral con actores – los partidos políticos y sus liderazgos – poco estructurados, excesivamente oportunistas, desconectados de la realidad y poco reflexivos en sus posturas de política pública y, particularmente, tomados por una visión competitiva de la política basada en el cálculo mercadológico y, en consecuencia, muy proclive a la evasión y a la ausencia de compromisos colectivos; mucho más dedicada al postureo, al mensaje vacío y, sobre todo, a canjear votos a cambio de entregar espacios presupuestarios o de política pública a grupos de interés.
El resultado de este triste cóctel político es nuevamente tiempo perdido, afortunadamente en un momento con un poco más de espacios para maniobrar el deterioro de la confianza y el desempeño macroeconómico que los que se tenían en 2018. Pero esto no significa, que no se experimenten costos por esta manía procastinadora, especialmente en crecimiento económico, en espacios de financiación para los hogares y las empresas y, sobre todo, en dos dimensiones particularmente relevantes: la reducción de la inestabilidad y vulnerabilidad macro-financieras – internas y externas – y, particularmente, la construcción de espacios para ganar resiliencia y capacidad de reacción ante los retos conocidos hoy – por ejemplo, el cambo climático y el crecimiento inclusivo – y, los aún por conocer.
La política fiscal es mucho más compleja que las poses efectistas empleadas en la publicidad electoral o en los debates presidenciales. Quienes desdeñan la sostenibilidad presupuestaria estigmatizándola ideológicamente, tanto como los que creen que la política fiscal es simplemente recortar partidas y programas presupuestarios sin pensar en las necesidades que se satisfacen con las políticas públicas que son financiadas con ellas o aumentar torpemente la carga tributaria sin reparar en sus efectos, simplemente no conocen la realidad ni están preparados para gobernar o, peor aún, no tienen escrúpulos a la hora de manipular a los electores con mentiras y demagogia.
¿Qué debemos demandar de los actores políticos en los próximos meses? Del Gobierno – en particular, del Presidente y su equipo político – responsabilidad para impulsar hasta el último minuto en su despacho la agenda de ajuste, en un contexto en donde se procuren construir espacios para los acuerdos con las fracciones legislativas responsables. Las posturas vacías, el enojo impostado y las amenazas risibles, la prepotencia y el ego no son buenos consejeros en este proceso, evadir la responsabilidad tampoco probablemente ayude, a estas alturas de la administración, mucho en los estudios de opinión.
De los candidatos y los partidos se debe demandar aún más. De los que vayan poco a poco saliendo de la irrelevancia del margen de error de las encuestas se les debe exigir responsabilidad y transparencia para señalar, con claridad meridiana – cuáles son sus posiciones en diferentes políticas públicas, incluyendo las económicas, cómo piensan ejecutar lo que ofrecen y prometen y, particularmente, cómo lo financiarán.
Además, debemos escudriñar su talante democrático y negociador – su capacidad de lectura y reacción ante los nuevos tiempos políticos – pues los vociferantes, acostumbrados aparentemente a golpear la mesa y lograr las cosas por la razón de la fuerza, poco van a lograr en materia de los necesarios acuerdos políticos y sociales, siempre construidos con la fuerza de la razón y el bienestar colectivos.
Dado el lugar en donde estamos – a mitad del río en el camino de la restauración de la sostenibilidad fiscal, en un remanso calmo, por el momento, pero rodeado de turbulencia potencial – se les debe exigir una posición concreta y realista en torno al ajuste presupuestario y el convenio con el FMI, no son de recibo en este momento los evasivos eslóganes electorales ni, tampoco, las posiciones utópicas sobre política presupuestaria tan comunes en los extremos, tanto de izquierda como de derecha.
