El clamor por la reactivación que ha dominado el discurso de diversos actores políticos y grupos de interés en los últimos meses suena, en algunos, como un mantra vacío.
No porque no sea un tema crucial. Acometer dicha tarea con políticas públicas comprensivas y bien diseñadas traería enormes beneficios, no solo en términos de crecimiento económico y empleo, sino que, además, en forma de mayor bienestar para los hogares, por su impacto positivo sobre sus ingresos y el desarrollo de mercados más competitivos.
Lamentablemente, como suele suceder muchas veces en nuestro pequeño patio, temas tan relevantes terminan banalizándose o, peor aún, perdiendo su real sentido debido a su empleo en vacíos discursos.
Por un lado, el shock pandémico – y la necesidad de restringir el movimiento y la actividad productiva para procurar controlar la alta tasa de contagio de la covid-19 – debería cambiar completamente la naturaleza de dicho clamor; no solo por una cuestión simple de realismo económico, sino que, particularmente, por empatía.
A estas alturas es absolutamente claro que no es posible pensar en reapertura sin tener controlada la crisis sanitaria; pues poner en una balanza vidas y economía además de ser éticamente inaceptable, ignora que, sin control de la epidemia, la demanda no retornará y, sin ella, tampoco lo hará la producción.
Por otra parte, incluso abstrayéndose por un momento de la coyuntura actual marcada por la crisis detonada por la covid-19, las herramientas de política pública disponibles para la reactivación son débiles, debido, principalmente, a problemas institucionales.
Hoy por hoy, más allá que la posibilidad de emplear herramientas macroeconómicas o financieras para mitigar el ciclo económico (principalmente monetarias, pues el espacio fiscal es nulo), no existe una institucionalidad apropiada para implementar políticas de desarrollo productivo modernas y efectivas.
Los ministerios en teoría encargados de estas acciones – principalmente el de Agricultura y Ganadería y el de Economía, Industria y Comercio – no tienen la capacidad de hacerlo y, lejos de contribuir a resolver los problemas existentes, más bien los agravan pues o siguen anclados en los paradigmas proteccionistas o sus acciones capturadas por intereses de grupos dedicados a la extracción de rentas ilegítimas, instauradas - ¡que contradicción! – a través de la ley. Una reforma institucional y la adopción de políticas modernas de desarrollo productivo, impulso a la productividad y promoción de la competencia significarían un cambio trascendental que no debería esperar más.
Una última reflexión, quienes claman por la reactivación mal hacen cuando con sus arengas, lejos de construir diálogo, alimentan la crispación y la polarización. Sin un marco adecuado de respeto por las personas y las instituciones y una sana deliberación democrática tampoco es posible esperar que se manifieste espontáneamente el tan ansiado crecimiento económico.