EscucharLa preocupante situación fiscal requiere iniciativas novedosas, que atiendan necesidades reales y profundas de los agentes económicos, en su camino a la regularización de la situación de sus patrimonios.
Para lograr estos objetivos, debe promoverse una iniciativa legislativa que brinde condiciones y garantías necesarias para que en una línea temporal imaginaria –digamos el año 2015- los contribuyentes– y quienes debiendo haberlo sido no lo han reconocido a hoy - tengan una última oportunidad de regularizar sus patrimonios.
¿En qué consiste esta propuesta? En abrir un espacio temporal de un año para la actualización de los balances de los contribuyentes y de quienes no lo han sido, para que declarando sus patrimonios netos, con un amplio detalle de activos de su propiedad y sus respectivas valoraciones, así como las deudas que ha omitido declarar por cualquier motivo –incluido el no haber declarado nunca– haga emerger un patrimonio regularizado.
¿Qué se logra para el fisco? Crear un impuesto por un plazo de un año –2015, siguiendo el ejemplo propuesto– en el que se graven otras capacidades contributivas que de no contar con este mecanismo no habrían emergido.
¿Qué ganaría el contribuyente? Pagar por la regularización una tarifa súper reducida del impuesto sobre la renta –por ejemplo un 3% sobre la regularización– y una menor tarifa sobre la actualización -digamos un 1,5%.
A la vez se le eximirá al contribuyente en esta fase voluntaria de las sanciones, intereses y otros accesorios. Se le deberá garantizar al contribuyente las condiciones de no fiscalización de los orígenes fiscales de dicho patrimonio incremental, de manera retroactiva, no pudiendo la Administración Tributaria iniciar acciones sancionadoras sobre estos incrementos patrimoniales, ni mucho menos establecer acciones penales.
Solamente serán objeto de fiscalización las declaraciones de regularización y actualización, las que de determinarse falsas sí deben conllevar una sanción gravísima a nivel administrativo y la integración del impuesto a tarifa plena, así como de superar los 500 salarios base la diferencia puede dar pie a acciones de fraude fiscal.
¿Qué ganamos todos? Recursos frescos de una fuente no recurrente que permita balancear de manera singular las maltrechas finanzas públicas. No es una amnistía, es una confesión con las consecuencias inherentes a dicho sacramento en el catolicismo.
