“Se han adelantado conversaciones” con “una subsidiaria del grupo APM Moller Maersk, quien ha mostrado disposición para asumir transitoriamente la operación de ambas terminales y que cuenta con la capacidad y experiencia necesarias”, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino, en un mensaje al país transmitido por televisión.
Mulino, que considera “leoninos” los contratos actuales, aseguró que hasta que el fallo se ejecute hay “un período de continuidad del actual operador” y luego una etapa de “transición” que concluirá con una nueva concesión" bajo “condiciones favorables” para el país.
Los puertos panameños “seguirán operando sin alteración”, sostuvo el mandatario, quien dijo garantizar una “transición administrativa ordenada”.
En un comunicado, la subsidiaria de Maersk confirmó “su disposición a asumir la operación temporal” para “mitigar cualquier riesgo” que afecte los servicios esenciales para el comercio regional y global.
Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
Rechazo de China
Sin precisar los argumentos, el pleno del alto tribunal panameño declaró “inconstitucionales” las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, en las entradas del canal.
El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió el viernes que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses” de sus empresas.
Las autoridades de Hong Kong rechazaron que un “gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos” para interferir en las relaciones comerciales.
Por su parte, PPC aseguró que el fallo “carece de base jurídica y pone en peligro (...) el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas” que dependen de su actividad.
La anulación fue solicitada por la Contraloría ante la justicia el año pasado por considerar que la concesión, renovada en 2021 por 25 años, era “inconstitucional” y Hutchison supuestamente no había pagado al Estado panameño $1.200 millones por sus operaciones.
PPC, en tanto, defiende ser “el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista” y que pagó al gobierno panameño 59 millones de dólares en los últimos tres años.
Venta complicada
CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, es uno de los mayores conglomerados de ese centro financiero semiautónomo chino, que abarca finanzas, comercio minorista, infraestructura, telecomunicaciones y logística.
Tras el anuncio desde Panamá, la acción del conglomerado perdió un 4,6% en la sesión del viernes en la bolsa hongkonesa.
El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025, para ceder su participación en las terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello, como parte de un paquete valorado en $22.800 millones.
La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales.
Pekín llamó a las partes a actuar con “cautela” so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización.
Presión de Trump
Estados Unidos construyó el canal y lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales.
Pero desde que volvió a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con “recuperar” la vía al asegurar que China la controla, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.
“Es muy difícil imaginar que (el fallo) no haya estado influenciado por la persistente presión estadounidense sobre la propiedad del canal”, aseguró Kelvin Lam, economista especializado en China de la consultora Pantheon Macroeconomics.
El experto estimó que en el futuro los inversores extranjeros serán cada vez más cautelosos en poner su capital “en proyectos de infraestructura estratégicos en el patio trasero de Estados Unidos”.
Panamá niega tajantemente que Pekín controle de facto del canal, que gestiona un 40% del tráfico de los contenedores de Estados Unidos.
