EscucharLa Dirección General de Tributación sometió a consulta una resolución en la cual exige que toda sociedad suministre la información de quiénes son sus accionistas.
Carlos Vargas, director general de Tributación, explicó que la medida busca verificar el pago del impuesto de traspaso y cumplir con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante, la resolución levantó las críticas de abogados especializados en el campo, quienes consideran que un cambio de tal magnitud no se debería hacer por medio de la vía administrativa.
Justificación de Tributación. El director de Tributación detalló que en la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria se crea la figura del traspaso indirecto, según la cual se grava con el impuesto de traspaso de bienes inmuebles todo negocio que implique la transferencia de un inmueble.
“La única manera posible con que cuenta la Administración para gestionar este impuesto radica en contar con la información de los titulares de las sociedades y las posteriores modificaciones en la titularidad del capital social”, explicó Vargas.
Sostuvo que, además, Costa Rica realiza un proceso de cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia fiscal, para lo cual, igualmente, se requiere un registro de este tipo.
“La OCDE evaluará la implementación de la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal en julio de este año y si para entonces la Dirección General de Tributación no cuenta con este registro de accionistas, es posible que se vaya a señalar un incumplimiento y en consecuencia, se correría el riesgo de reingresar a la lista de paraísos fiscales”, dijo el director del ente recaudador.
Críticas de abogados. Los exdirectores de Tributación, Alan Saborío y Francisco Villalobos, y el abogado José María Oreamuno cuestionan la vía utilizada para hacer la modificación.
Saborío calificó la resolución de “adefesio jurídico”.
Detalló que en el borrador de proyecto de ley del levantamiento del secreto bancario, el Ministerio de Hacienda había incluido una serie de artículos tendientes a crear, por vía de ley, el registro de accionistas de sociedades anónimas que ahora pretenden crear por resolución.
El proyecto luego se transformó, se eliminó la parte del registro de accionistas y no se incluyó el tema en el proyecto de reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
“Parece que es un cambio tan relevante para el sistema que amerita la discusión en el marco de un cambio legislativo y no parece que sea conveniente que vía una resolución, ni siquiera un decreto, se cambie tan radicalmente este aspecto fundamental de nuestro sistema empresarial”, argumentó Villalobos.
A esta crítica Vargas respondió que Tributación tiene las suficientes potestades para emitir la resolución.
Oreamuno tiene una serie de sugerencias sobre esta discusión. Una de ellas es que sean las sociedades constituidas las obligadas a declarar y no las inscritas.
“La razón de esto es que pueden haber sociedades constituidas en el exterior, pero inscritas por alguna razón en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional”, detalló.
Saborío y Villalobos explicaron que actualmente Tributación puede solicitar esta información individualmente cuando fiscaliza una sociedad.
Ayer se consultó a la OCDE cómo funcionan los registros de accionistas en otros países, pero no fue posible obtener respuesta. El organismo publicó el jueves un nuevo estándar global único sobre el intercambio automático de información.
