La Sala IV estudia si la Dirección General de Tributación (DGT) puede realizar cobros anticipados al contribuyente por deudas de impuestos.
El Tribunal Constitucional suspendió dicha medida, mientras analiza la legalidad del pago de la sanción e intereses de tributos no cancelados en un plazo de 30 días, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
También se paralizó el reglamento que permite al contribuyente, sea una empresa o persona, ofrecer garantías de pago, en vez de dinero en efectivo.
Las normas cuestionadas permiten a Tributación, desde setiembre del 2012, cobrarle al contribuyente inmediatamente después de realizar una auditoría de su declaración de impuestos.
Antes del 2012 era posible hacerlo hasta que finalizara el proceso de cobro en la vía judicial, lo que podría tardar años. El cobro anticipado fue una de las principales herramientas dadas al fisco en la ley de fortalecimiento tributario.
Los magistrados analizan este caso debido a dos acciones de inconstitucionalidad presentadas este mes.
Mauricio Estrada, apoderado de Agroganadera Pinilla, y Rándall Madriz, abogado de Comercializadora Konekta, cuestionaron la aplicación de la norma, según las resoluciones del pasado 14 y 20 de agosto, respectivamente, de las que tiene copia La Nación .
Ambas empresas argumentan que la normativa impugnada es ilegal porque viola el derecho de inocencia y de defensa, al no permitir al contribuyente presentar alegatos contra la sanción del fisco.
Enfrentados. Carlos Vargas, director de Tributación, negó que la entidad no permita al contribuyente, sea empresa o persona, apelar las sanciones dictadas.
“Antes de la reforma, los procesos de cobro tardaban años en ejecutarse. La medida paralizada sí ha tenido un efecto importante porque la deuda se cobra en un tiempo más corto”, recalcó Vargas.
Para Rándall Madriz, la norma viola la Constitución Política porque no da la oportunidad al contribuyente de recurrir ante un órgano superior una decisión que no está en firme, pero sí se ejecuta.
“Si los procesos tardaban antes años era por ineficiencia de la Administración. El remedio no es ejecutar sanciones que no están firmes”, aseguró Madriz.
La Sala IV ordenó a Tributación que no dicte ningún acto final hasta que no resuelva el caso.