Europa Press. 11 mayo
Varios ‘riders‘ a su llegada al Congreso durante una manifestación, este 11 de mayo, en Madrid. Esta y otras protestas que se desarrollaron en ocho puntos del país en contra de la denominada 'Ley Rider'. Foto: Isabel Infantes / Europa Press
Varios ‘riders‘ a su llegada al Congreso durante una manifestación, este 11 de mayo, en Madrid. Esta y otras protestas que se desarrollaron en ocho puntos del país en contra de la denominada 'Ley Rider'. Foto: Isabel Infantes / Europa Press

El Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó, ese martes 11 de mayo, el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales (app), la conocida como Ley de riders.

La norma obligará a las empresas a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que esta ley “va a cambiar el signo de los tiempos” y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues “no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto”.

El decreto de los riders es fruto del acuerdo que alcanzaron, el pasado mes de marzo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sindicatos y el sector empresarial.

La regulación afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo, en setiembre del 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

Según los datos aportados por la Ministra, la Inspección de Trabajo estableció más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

El decreto aprobado contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas.

En concreto, se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que todas las empresas (no sólo las plataformas de reparto) deben informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial.

El objetivo es conocer las variables que afectan a la toma de decisiones e inciden en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

La ministra considera precisamente que esta medida es la “más ambiciosa” de la norma, pues todas las empresas deberán ser transparentes sobre los algoritmos y fórmulas matemáticas que pueden “sesgar” las relaciones laborales.

“Los trabajadores tienen derecho a saber cuáles son las razones que motivan decisiones que son empresariales”, apuntó Díaz.

Expertos sobre algoritmos

Precisamente, Díaz aprovechó su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con tranquilidad, el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España.

“Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos, porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras (...) Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas”, explicó la funcionaria.

El decreto que regula las condiciones laborales de los repartidores entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, por lo que las empresas tendrán ese plazo para convertir en asalariados a sus repartidores.

La vicepresidenta tercera resaltó que esta norma incorpora cambios en el paradigma social y trata de proteger a las personas más vulnerables y protección social.

“Los cambios tecnológicos son imparables y que el Gobierno no les tiene miedo pero que debe cuidar y proteger los derechos de las personas”, subrayó Díaz.

“Lo que hacemos es gobernar esa transición tecnológica. Todas las empresas hacen uso de inteligencia artificial de una u otra manera. Por eso hay que ser valiente y gobernar esa transición tecnológica”, resaltó la ministra.

También agradeció a los agentes sociales que no hayan sentido miedo y hayan mostrado valentía al acordar esta norma pionera en Europa.