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Director general de Cinde: ‘La idea de poner impuestos a zonas francas nos hizo mucho daño en 2020’

Sindicatos promovieron propuestas en el diálogo multisectorial para aplicar tributos o eliminar exoneraciones a las empresas de los regímenes especiales

Aunque es una de varias propuestas que se mencionaron en el diálogo multisectorial y en la Asamblea Legislativa para generar ingresos frente a la adversa situación fiscal del país, la simple idea de poner impuestos a las zonas francas fue una de las principales trabas para la labor de atracción de inversiones hacia Costa Rica en 2020.

Jorge Sequeira, director general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), explicó en entrevista con La Nación que las noticias sobre estas propuestas generan ruido entre las 332 multinacionales que ya operan bajo este régimen en el país, pero también afecta la imagen para concretar la llegada de nuevos proyectos a suelo nacional.

Costa Rica atrajo 81 proyectos de inversión durante este año, pese al impacto de la pandemia. Se trata del establecimiento de 26 nuevas compañías y 55 ampliaciones o reinversiones.

En conjunto, las empresas acompañadas por Cinde generaron 19.806 empleos durante el 2020, un 18,9% más con respecto a los 14.709 del año anterior.

En el acumulado desde 1981, este grupo de compañías suma 134.026 puestos laborales en el mercado nacional, con un crecimiento del 48% desde 2016.

En la mesa de diálogo multisectorial agrupaciones como Mujeres en Acción, sindicatos de educadores, la Alianza Sindical del Poder Judicial y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), propusieron diferentes iniciativas para gravar a las zonas francas.

Los planteamientos van desde una contribución voluntaria del 1% sobre la renta neta y por un año, hasta eliminar la exoneración del impuesto a las utilidades que tienen las empresas en regímenes especiales, o incluir un tributo escalonado del 5% en 2020 hasta bajar al 2% a partir del 2023 para este grupo de multinacionales.

Mientras que en el Congreso, los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, Luis Ramón Carranza y Mario Castillo plantearon un impuesto a la distribución de dividendos de las zonas francas.

Esta es la entrevista con el Director General de Cinde sobre las complicaciones que la discusión del tema generó en la atracción de proyectos de inversión extranjera directa (IED) a Costa Rica durante el año de la crisis del coronavirus.

– Grupos de sindicatos promueven la idea de poner impuestos a la zonas francas como una salida ante la crisis fiscal. ¿Cuánto afecta esto la atracción de empresas que realiza Cinde?

Esto nos hace muchísimo daño. Las empresas y nuestros competidores están poniendo atención y ellos le dicen a las compañías, cuando estamos compitiendo por una inversión, ‘¿usted quiere ir a un país donde no sabe si le van a cambiar las reglas del juego en uno, dos o tres años?’

“Los países que compiten con nosotros le dicen a las empresas que vean que hay diputados y personas influyentes en el mundo político que están hablando de poner impuestos en Costa Rica. Esto genera incertidumbre a las compañías y la incertidumbre es enemiga de la inversión”.

– ¿Cómo reaccionan las empresas ante este panorama?

Si usted es un inversionista que va a venir a Costa Rica a contratar a 100, 200 o 2.000 personas, y va a invertir $20 millones, $50 millones o $100 millones, no debería hacerlo por 15 días o por dos años. Eso se hace por el largo plazo y partiendo de la base de que le van a mantener las reglas del juego, eso se llama seguridad jurídica.

– ¿Hay preocupación en las multinacionales sobre la seguridad jurídica?

Costa Rica puede presumir de que en las últimas décadas ha demostrado tener una tremenda seguridad jurídica, entonces poner eso en riesgo nos está haciendo mucho daño porque las empresas lo ven, les genera temor, incertidumbre y nuestros competidores lo escuchan y lo aprovechan a su favor.

– ¿Es el momento para que se discuta este tema?

– Si como país estamos claros de que el régimen de zonas francas ha sido exitoso, ha generado beneficios en encadenamientos, en empleo, en cuotas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en aportes al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en impuestos que pagan todos los trabajadores de estas compañías; no hagamos ruido y menos cuando los países alrededor del mundo están poniendo todo tipo de incentivos para atraer negocios, porque están desesperados por generar empleo.

“Este no es el momento para tener esta discusión, tal vez en unos años se deba abrir, pero ahora no”.

– ¿Qué ofrecen otros países competidores para pelear por las inversiones actualmente?

Esto no es filantropía para las empresas, se trata de negocios. Son personas de números, ellos montan en una hoja de Excel los costos de Vietnam, Hungría, Colombia, México y Costa Rica, a veces competimos con 20 países por un proyecto. En esas estimaciones ellos calculan los costos y el beneficio neto de optar por ese destino.

“Costa Rica no puede competir con costos de energía eléctrica tan altos, por ejemplo, e incluso con una mano de obra cara comparativamente. Llegamos frente a frente con esas naciones que ofrecen todo tipo de incentivos; sea terrenos, naves industriales, pagar salarios durante una cierta cantidad de años, incluso cuotas de $1 millón, $5 millones y hasta más de $100 millones, como hizo Israel con Intel para que fuera a poner la megaplanta allá”.

– ¿La mayor ventaja competitiva del país es el régimen de zonas francas?

Dado que Costa Rica no puede ofrecer esas cosas y que tenemos algunas desventajas competitivas en costos, el régimen de zona franca es nuestra bandera que nos permite competir. No podemos cambiar las reglas del juego en este momento.

“Si en el futuro tenemos trámites mucho más acelerados, si hemos logrado bajar el costo de la energía para que sea competitiva a nivel global, si tenemos una infraestructura de primer mundo y además podemos empatar a otros países en el tipo de incentivos que dan, entonces tengamos la discusión de los impuestos”.

– ¿De las 332 empresas atraídas por Cinde al país, cuántos gerentes o directores han consultado preocupados por esta idea de más impuestos?

Casi todos. Los gerentes se nos acercan y nos preguntan qué es lo que está pasando, porque un día sí y otro también hay alguien hablando de poner impuestos a las zonas francas. Claro, este déficit fiscal ha hecho que mucha gente crea, erróneamente además, que la salvación es ponerle impuestos a las compañías en estos regímenes.

“Recordemos que estas empresas tienen contratos firmados con Costa Rica en donde se les otorga un beneficio de exención por ocho o 12 años, o sea no les podemos cambiar esas reglas. Si se les pone un impuesto debemos esperar hasta que venzan todos esos contratos y poder renovarlos con nuevas condiciones. Eso significa que esto va a tardar mucho tiempo”.

– ¿Cuáles serían los impactos negativos de optar por ese tipo de tributos?

Recordemos que muchas de esas empresas operan aquí como un centro de costos, no tienen utilidades. Otras que sí tienen ganancias, es muy probable que se las lleven a otras geografías, porque pueden de alguna forma, en sus estrategias fiscales globales, trabajar con esos números. La consecuencia de eso sería perder mucho empleo, porque el 82% de los trabajos que se generan todos los años vienen por reinversiones y eso es por las utilidades que se reinvierten en el país.

“Si se llevan las utilidades nos quedamos sin reinversiones y sin empleo. Por ningún lado esto tiene sentido”.

– ¿Cinde ha conversado con diputados para explicarles los resultados de las empresas de regímenes especiales?

Sí. Tuvimos una conversación con Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, quien apoya a las zonas francas. Discrepamos con él sobre la idea de generar un ingreso fiscal a través de un impuesto de este tipo.

“Con Carlos Ricardo Benavides, Silvia Hernández (ambos de Liberación Nacional) y con muchos de los diputados tenemos comunicación constante, ellos conocen los beneficios. Varios legisladores de comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) trabajan con nosotros en proyectos y saben del impacto de las iniciativas que estamos desarrollando. Hay mucha relación con el Congreso”.

Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño Arce

Manuel Avendaño es periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero.