La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió este viernes 6 de abril ante el Juzgado de Trabajo de Puntarenas, para tratar de frenar el traspaso de las instalaciones de la compañía venezolana Alunasa a un fideicomiso.
La gestión la hace el sindicato, en representación de decenas de trabajadores, quienes temen que la empresa quiebre o se vaya del país sin cumplir con sus responsabilidades patronales.
El trámite judicial solicita que se imponga una medida cautelar contra el proceso de traspaso del terreno y las instalaciones a un fedeicomiso, lo cual podría poner en riesgo el pago de los derechos laborales de los asalariados, según denunció el Ministerio de Trabajo el 4 de abril pasado.
Los documentos se presentaron mediante gestión en línea.
Las instalaciones, cuyo valor fiscal es de ¢3.110 millones, se encuentran en la localidad de Juanilama, Cantón de Esparza, en Puntarenas.
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En caso de una declaratoria de quiebra o una salida de esa firma del país, los inmuebles y terrenos son los primeros que se utilizarían para responder por las deudas, en especial, para pagar la garantía de los trabajadores.
Alunasa tramitó el 2 de abril pasado una solicitud de traslado de la finca de 368.176 metros cuadrados (casi 37 hectáreas) a un fideicomiso. Esto alertó a los autoridades del Ministerio de Trabajo, quienes aconsejaron a los trabajadores que presentaran procesos judiciales, lo cuales permiten frenar ese traspaso mediante un embargo preventivo.
La ANEP explicó que la acción judicial se gestionó ante el Juzgado de Trabajo de Puntarenas. La preparación de los papeles estuvo a cargo de la abogada Karen Carvajal Loaiza, de la unidad de Asesoría Jurídica de la organización, explicó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
Este trámite lo realiza ANEP porque en vista de la crisis de los trabajadores de esa empresa, perteneciente el gobierno venezolano, se formó una filial de esa organización con los empleados de Alunasa.
Paralelo a la acción judicial, esa Asociación tramita una eventual audiencia con la embajada de Venezuela en Costa Rica. Esta solicitud se iba a realizar hoy, pero según Vargas, la embajada no abre los viernes en la tarde. La intención de acudir al área diplomática se presenta por la imposibilidad de negociar con la parte administrativa de la compañía, explicó el dirigente Vargas.
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La crisis de los trabajadores de Alunasa se inició desde diciembre del 2017. Según una carta anónima que circularon los empleados en marzo, la escasez de materia prima hacía que los enviaran a la casa y que les atrasaran los pagos salariales.
Dos inspecciones del Ministerio de Trabajo, el 22 de marzo y este lunes 2 de abril, comprobaron, empero, que el pago de salarios estaba al día.
Paralelamente, la empresa de productos de aluminio, Alunasa, inició el trámite para suspender por tres meses los contratos laborales. Se presentó el 22 de marzo ante el Ministerio de Trabajo, entidad que tienen tres semanas para hacer la investigación, redactar un informe y luego tomar una decisión.
Esta petición afectaría a 225 de los 340 trabajadores actuales de la firma, explicó la viceministra de Trabajo, Nancy Marín. Los empleados se mandaron a la casa sin goce de salario, pero si el Ministerio rechaza la gestión empresarial, la venezolana deberá pagarles los sueldos caídos.