El Proceso Nacional de Diálogo de Pensiones, liderado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), propuso uniformar la cuota patronal para “todos los regímenes de pensiones”, es decir, los fondos de jubilación del IVM, el Magisterio Nacional y el Poder Judicial.
Actualmente, la cuota patronal en el IVM de la CCSS es del 5,42%, mientras que en el Magisterio es del 6,75% y, en el Poder Judicial, del 14,36%. En estos dos últimos casos, el patrono es el propio Estado, que aporta doble cuota: la patronal y la estatal.
La iniciativa busca establecer una cuota patronal homóloga para todos los sistemas básicos, evitando distorsiones entre los diferentes sistemas y promoviendo una distribución más equitativa de las cargas fiscales.
“Esa es una propuesta que lo que busca es uniformar el aporte patronal en todos los regímenes básicos en que participe en forma tripartita el Estado. Eso tiene que verse, analizarse y estudiarse porque toca transversalmente los regímenes de pensión básica”, explicó Hermes Alvarado, jerarca de la Supén.
Según indicó el superintendente, la propuesta afectaría al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
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Según la matriz de propuestas publicada, el equipo técnico de la Superintendencia propuso uniformar la cuota patronal.
Al brindar la alternativa, se justificó que, actualmente, no existe un perfil de requisitos y beneficios mínimo entre los regímenes colectivos —el de la Caja, el del Magisterio y el del Poder Judicial—. Esto se refiere principalmente a la forma de calcular el monto de la pensión de cada beneficiario.
Por ejemplo, al cierre del 2024, en el IVM la pensión promedio era de ¢332.287; en el Magisterio, de ¢514.149 y; en el Poder Judicial, de ¢1,7 millones, según la Supén.
Ante esto, desde la mesa de diálogo se planteó fijar un perfil mínimo en el régimen de los docentes y en el de la Corte. Además, de que se permita al IVM tomarlo de referencia.
Más adelante, en ese mismo documento, aparece la observación de la Sesión Comité Técnico del 21 de febrero del 2025 sobre la propuesta, en la que se advierte, respecto a la “homologación”, que tratar uniformar los sistemas de pensiones de forma rígida podría resultar perjudicial.
“Esto se debe a que cada régimen posee características y particularidades propias, y la homogeneización forzosa podría vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores”, agregó, según consta en la matriz de propuestas publicada por la Supén.
“Se subraya la necesidad de un diálogo técnico y transparente en el proceso de reforma, asegurando que las modificaciones sean debidamente fundamentadas y contemplen un análisis de impacto a largo plazo. Es crucial evaluar las repercusiones de cualquier cambio en las políticas de pensiones para salvaguardar los derechos y la estabilidad económica de los trabajadores involucrados”, indicó la observación.
La mesa de diálogo, iniciada en mayo del 2024 y que contó con la participación de más de 160 voces expertas, presentó este viernes un total de 36 propuestas. “Una vez formuladas las propuestas, estas se presentan ante los órganos legislativos, y se brinda acompañamiento para garantizar su implementación”, se indica en el sitio web de Diálogo de Pensiones.
Este 27 de junio, se le entregó a la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, y a Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la CCSS, un documento oficial con el QR que contenía toda la información de las propuestas.
