El Proceso Nacional de Diálogo de Pensiones, impulsado por la Superintendencia de Pensiones (Supén), recomendó cobrar una contribución especial de renta a las empresas de zonas francas y utilizar una parte de los ingresos del impuesto al valor agregado (IVA) para sostener las pensiones.
La mesa de diálogo, iniciada en mayo del 2024, presentó este viernes un total de 36 propuestas que implican una serie de reformas legales.
En el caso del aporte a las empresas del régimen de zonas francas, se planteó “introducir una contribución especial a las empresas para asegurar que también participen en el financiamiento del sistema de pensiones”.
En la iniciativa no se detalla de cuánto sería el porcentaje de contribución. Dicho plan, de aceptarse, requiere una reforma legal que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.
En el caso del IVA, la propuesta es destinar tres puntos de la recaudación específicamente al financiamiento de la pensión por vejez, lo que ayudaría a aumentar los recursos disponibles, se indica en el documento entregado.
LEA MÁS: Estas son las 36 propuestas de la mesa de diálogo sobre pensiones
Así funcionaría
La iniciativa plantea elevar, por un periodo transitorio, la tasa del IVA, mientras se elimina de manera escalonada la exención parcial que existe en los servicios de educación y salud, del 2% y 4% respectivamente.
El porcentaje general del tributo pasaría del 13% actual, a un 13,4%, en el primer año; luego a un 14%, en el segundo; y un 14,5%, en el tercero. A partir del cuarto año baja al 14%; en el quinto, al 13,5% y, para el sexto año, vuelve al 13%.
En ese mismo lapso de seis años, la tasa de los servicios con tasa reducida se movería anualmente en dos puntos porcentuales. De esta forma, pasarían del 3% al 13%, explicó Mauricio Soto, director de la División de Supervisión de Riesgos de Supén.
“La cuota del 13% se afecta en los primeros años, se va subiendo; pero luego vuelve a descender. Esto genera un financiamiento fresco inmediato para que se pueda asumir que una parte del IVA vaya a un fondo solidario de pensiones”, explicó Soto.
El objetivo es que los recursos adicionales puedan dirigirse para fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que es el fondo básico con el mayor desequiblibrio actuarial, la pensión básica universal y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Soto agregó que cuando se vuelve a reducir no hay desfinanciamiento en pensiones, ni en las finanzas públicas, porque se quita la tasa reducida del impuesto a los servicios.
Además, detalló que el Ministerio de Hacienda “no pierde” porque siempre recibirá exactamente el mismo porcentaje del 13% del IVA.
Ante esta propuesta, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, comentó que lo primero es ver qué se logra con la iniciativa.
“Las propuestas pueden ser muy buenas en el papel pero cuando llegan a la Asamblea Legislativa tienen otras implicaciones, y ahí hay que ponerse a pensar en elementos como: ¿qué pasa en el proceso de transición?, ¿qué pasa si se aprueba una parte y no se aprueba la otra parte?, ¿qué pasa si los grupos que hoy de una u otra manera no quieren que se les imponga el IVA?”, explicó.
Según advirtió el jerarca de Hacienda, actualmente el Gobierno no tiene espacio fiscal para ejecutar un proyecto cuyos resultados son inciertos, por eso “vemos esto con un poquito de preocupación”.
“No podemos saber los resultados. Para nosotros sería importante que estas discusiones fueran pronto, fueran acordes a la realidad fiscal del país, pero sobre todo, algo que es bien importante, que piensen en el costarricense. Algunas están enfocadas en sostener las instituciones y eso no es lo razonable”, apuntó Acosta.
En el caso de la contribución especial de las empresas de zonas francas, Hermes Alvarado, superintendente de Pensiones, dijo que los recursos irían directamente a las pensiones básicas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
“Esto lo estaría evaluando, precisamente, la Caja Costarricense de Seguridad Social (administrador del IVM). Esa es una de las 36 iniciativas”, dijo el superintendente de pensiones, Hermes Alvarado.
“El mensaje que estamos transmitiendo es que tiene que verse todas de manera articulada e integral, no solo en forma independiente, porque son soluciones que tocan transversalmente al Poder Legislativo, a la parte técnica y actuarial de la Caja”, explicó el jerarca.
En el proceso de diálogo convocado por la Superintendencia, también participaron la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Asamblea Legislativa, la Asociación de Operadoras de Pensiones (Acop), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), entre otros.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo participaron en las primeras sesiones el año pasado, pero luego se retiraron del diálogo.
