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El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, prevé que la relación entre del endeudamiento del Gobierno y el producto interno bruto (PIB) permanezca por encima del 60% durante más de un año. Así lo señaló este lunes al presentar su informe anual de labores ante el Plenario Legislativo.
“Tendría que ver las proyecciones que tenemos en este momento, pero, en efecto, sí se observa que va a mantenerse, con los datos recientes, más de un año por encima del 60%”, afirmó el jerarca.
El 24 de febrero pasado, el Ministerio de Hacienda divulgó los resultados de las finanzas del Gobierno Central. Según el informe, el año anterior cerró con una deuda externa equivalente al 15% del PIB y una interna del 45,4%, para un total de 60,4% de la producción.
Esta situación colocaría al Gobierno Central, en 2027, en el escenario fiscal más restrictivo previsto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La normativa establece que, cuando la deuda se mantiene por encima del 60% del PIB, se imponen límites severos al crecimiento del gasto público respecto al promedio del PIB nominal.
Según la proyección del jerarca, si la deuda permanece más de un año por encima del 60% del PIB, incluso si el gobierno logra reducirla en 2028, la administración de la presidenta electa, Laura Fernández, enfrentaría un entorno fiscal restrictivo durante tres de sus cuatro años de gestión, similar a lo ocurrido con el presidente Rodrigo Chaves Robles.
En ese escenario, una nueva flexibilización del gasto sería posible hasta el 2030.
Afectación a salarios y pensiones
En la práctica, el endurecimiento de la regla fiscal en su nivel más restrictivo implica limitaciones a los aumentos salariales en el sector público y reduce el margen para invertir en obra pública. En el caso de las pensiones, por ejemplo, los ajustes se aplicarían únicamente por costo de vida.
En ese contexto, el diputado del Partido Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, fustigó a Lücke sobre el peso que tiene la reforma en el gasto público y las implicaciones que esto conlleva para los funcionarios del sector estatal.
“Hay personas de carne y hueso a las que, con la noticia de que superamos el 60% del PIB, lo que les decimos es que, a partir del otro año, otra vez van a tener congelado su salario o su pensión. Aquí hay gente que pasó desde el 2020 hasta el año anterior (2025) con su salario congelado o con su pensión congelada”, señaló Acuña.
En el 2024, la razón deuda/PIB se ubicó en 58,9%, lo que permitió al Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional del 2026 ingresar a un tramo menos restrictivo de la regla fiscal. Es decir, con un mayor margen para incrementar el gasto.
Sin embargo, con el aumento reciente de la deuda, el Ejecutivo deberá volver al nivel más estricto de la regla en 2027, con topes más severos para el aumento del gasto público.
“Ha quedado bastante claro que la reforma fiscal del 2018 ha sido una reforma que ha pesado sobre la restricción del gasto principalmente, y los datos nos dan esa muy negativa noticia. Es negativa porque termina teniendo impacto sobre la realidad de la gente, sobre la inversión social y sobre las posibilidades de inversión en este país”.
— Jonathan Acuña, diputado del Partido Frente Amplio.
Justificación de Hacienda
Para explicar el repunte de la razón deuda/PIB por encima del 60%, el Ministerio de Hacienda afirmó que el resultado responde a una “decisión estratégica de fortalecimiento de la liquidez del Gobierno Central”.
Durante el 2025, el fisco realizó una gestión activa de pasivos que incluyó, en noviembre, la captación de 1.000 millones de euros, correspondiente a la primera emisión en esa moneda efectuada por la cartera en el mercado interno.
El título vence en 2030, con un rendimiento del 5,5%, y procura diversificar el portafolio, ampliar la base de inversionistas y mejorar las condiciones de financiamiento del gobierno.
Lücke explicó que se trató de un “prefondeo” para atender vencimientos de deuda y reducir riesgos de refinanciamiento en un entorno de alta incertidumbre.
Además, indicó que el Banco Central actualizó el año base de las cuentas nacionales, al pasar de 2017 a 2022, y reconstruyó las series históricas con la nueva metodología, lo que modifica la estimación del nivel de producción. Como resultado, los indicadores fiscales medidos como proporción del PIB podrían diferir de los reportados anteriormente.
