En un comunicado de prensa, la firma explicó que la participación accionaria del gobierno se financiará con $5.700 millones en subvenciones previamente otorgadas bajo la Ley CHIPS ACT, pero aún no pagadas, y con $3.200 millones entregados como parte del programa Secure Enclave.
Según los términos del acuerdo, el Gobierno estadounidense comprará 433,3 millones de acciones primarias ordinarias de Intel a un precio de $20,47 por título, equivalentes a una participación del 9,9% en la compañía. La empresa explicó que la inversión se realizó con un descuento respecto al precio actual de sus acciones en el mercado.
“Como la única empresa de semiconductores que realiza investigación, desarrollo y manufactura de lógica de vanguardia en Estados Unidos, Intel está profundamente comprometida a garantizar que las tecnologías más avanzadas del mundo sean fabricadas en Estados Unidos”, dijo Lip-Bu Tan, director ejecutivo de la compañía.
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Ese mismo día, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el fabricante de semiconductores “aceptó” ceder 10% de sus acciones al gobierno. “Dije ‘creo que sería bueno tener a Estados Unidos como su socio’... han aceptado hacerlo, y creo que es un gran acuerdo para ellos”, agregó.
Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, afirmó que la administración Trump “sigue comprometida con reforzar la dominancia del país en inteligencia artificial y fortalecer su seguridad nacional”.
La inversión del Gobierno estadounidense en Intel será sin representación en la Junta Directiva ni otros derechos de gobernanza o de información. La administración Trump también acordó votar junto con la Junta Directiva de la firma en asuntos que requieran aprobación de los accionistas, con excepciones limitadas.
Intel indicó que continuará cumpliendo con sus obligaciones bajo el programa Secure Enclave y reafirmó su compromiso de entregar semiconductores al Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La compañía explicó que la inversión de $8.900 millones se suma a los $2.200 millones en subvenciones de la Ley CHIPS ACT que Intel ha recibido hasta la fecha, para un total de $11.100 millones.
En el acuerdo, Estados Unidos recibirá una opción de compra por cinco años, a $20 por acción, para un 5% adicional de las acciones ordinarias de Intel, ejecutable solo si la compañía deja de poseer al menos el 51% del negocio de Foundry.
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Actualmente, Intel atraviesa un periodo turbulento, con resultados financieros poco alentadores que han provocado una importante reestructuración de sus operaciones mundiales, la cual impacta a Costa Rica.
El pasado jueves 24 de julio, la corporación anunció el cierre progresivo de su planta de Ensamblaje y Prueba en Costa Rica para trasladar estas operaciones a sus sedes en Malasia y Vietnam. Además, canceló los proyectos previstos en Alemania y Polonia.
Como parte de esta dinámica, la empresa con sede en California ejecutará miles de despidos, ya que prevé cerrar este año con 75.000 colaboradores, 24.500 menos que los 99.500 empleados directos que reportaba a finales de 2024.
Estas medidas buscan reducir gastos, fortalecer el balance general, optimizar su presencia global y concentrar recursos en las áreas de mayor crecimiento estratégico, con el objetivo de simplificar el negocio y mejorar la eficiencia.
En medio de esto, Intel está llevando a cabo una importante expansión de su capacidad de fabricación nacional de chips, invirtiendo más de $100.000 millones para ampliar sus sedes en Estados Unidos, según la nota de prensa.
