Así lo informó la Defensoría de los Habitantes mediante un comunicado divulgado este lunes, con datos correspondientes al periodo 2025-2026.
Según el órgano defensor, la cifra asciende a 4.654 personas menores de edad, de entre 0 y 12 años, que actualmente no reciben la transferencia económica y se encuentran pendientes de ingreso al programa de Red de Cuido Infantil.
La mayoría de los casos se concentra en las Unidades Locales de Desarrollo Social de Puntarenas, Alajuela, Cristo Rey, barrio Amón, Pavas, Liberia y Sarapiquí, entre otras localidades.
Esto cobra relevancia, debido a que el programa otorga una transferencia monetaria a familias en situación de vulnerabilidad para que padres, madres o encargados puedan trabajar, estudiar o capacitarse mientras sus hijos reciben servicios de atención y desarrollo infantil en centros autorizados.
Faltante en presupuesto supera los ¢1.500 millones
De acuerdo con la información suministrada por el IMAS a la Defensoría, la suspensión de nuevos ingresos al programa y de las transferencias económicas obedece a la falta de presupuesto para sostener la cobertura durante el 2026.
La institución indicó que, al cierre del 2025, un total de 29.198 menores de edad recibían el subsidio, frente a las 26.066 registrados en el mismo periodo del 2024, lo que representó un incremento de 3.132 beneficiarios y elevó la necesidad de recursos para este año.
El IMAS reportó que, a enero del 2026, sin embargo, existía un faltante aproximado de ¢1.588 millones para garantizar la continuidad completa del beneficio.
Por esta razón, la Dirección de Desarrollo Social ordenó suspender temporalmente la incorporación de nuevos casos, con excepción de la modalidad de Casas de la Alegría.
Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado a la institución para asegurar los recursos financieros necesarios que permitan fortalecer esta estrategia de apoyo a familias en condición de vulnerabilidad. Además, recordó la obligación del Estado de garantizar alternativas de cuido y protección para personas menores de edad.
“Se le recuerda al IMAS la obligación del Estado costarricense de promover y garantizar alternativas adecuadas de cuido y atención para personas menores de edad, especialmente en aquellos casos en que sus madres, padres o personas encargadas requieren incorporarse al estudio, al trabajo o a procesos de capacitación para mejorar sus condiciones de vida”, señala el comunicado.
“Dicha obligación encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional ratificado por Costa Rica, el cual establece el deber de los Estados Parte de adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el bienestar, la protección y el desarrollo integral de las personas menores de edad”, agrega.
