EscucharEl Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda ordenó al ICE asumir la protección y cuido de las obras del Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo, en Turrubares, desarrollado por la empresa Hidrotárcoles.
"Deberá el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) asumir la protección y cuido necesario de las obras desarrolladas hasta el momento en el sitio, cuyo objetivo principal es evitar su deterioro, así como estar en vigilancia de su entorno", se detalla en la medida cautelar dictada, este 26 de abril, por el juez Rodrigo Huertas Durán.
La resolución preliminar, de la cual tiene copia La Nación, afirma que el Instituto debe evitar daños al ambiente y la pérdida de vidas humanas.
El Tribunal dio la orden debido a una solicitud de medida cautelar provisionalísima y urgente presentada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), la cual se tramita en el expediente 18-003185-1027-CA.
El BNCR informó, por correo electrónico, de que no se referirá a la resolución provisional.
Por su parte, el Instituto respondió que hasta este viernes 27 de abril, no ha sido notificado de la medida cautelar dictada por el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.
Ambas entidades públicas están enfrascadas en una disputa, desde 2015, cuando el ICE informó de que finiquitaba el contrato con Hidrotárcoles, por los atrasos en la entrada en operación de la obra.
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El Banco Nacional formalizó, en abril del 2014, un crédito por $117,5 millones a Hidrotárcoles para el proyecto eléctrico, de 50 megavatios, valorado en $167 millones.
El papel del ICE en la obra es vital porque era el destinado a comprar la energía producida por la planta Hidroeléctrica Capulín San Pablo.
Sin la participación del Instituto, no hay garantía de que el desarrollo cuente con recursos para pagar el crédito al Nacional.
La entidad bancaria efectuó, en marzo anterior, una provisión de ¢26.878 millones ($47 millones) por el préstamo dado a Hidrotárcoles.
Tal medida significó una reducción del 26% de las ganancias del Nacional en el 2017. De ¢41.318 millones, se redujeron a ¢32.763 millones.
Detalle de la medida
El Tribunal detalló en el fallo preliminar que cuando se resuelva por el fondo, la medida cautelar puede modificarse, su suprimirse o mantenerse.
Además, se afirma que el caso será resuelto, hasta cuando se tenga la posición oficial del ICE.
A la entidad autónoma se le dio tres días hábiles, una vez notificada, para presentar su descargo.
"No se puede dejar de lado que esta obra es declarada de interés público y, puesta en manos de la Institución demandada, como obra pública, por lo que se considera que en este caso resulta necesario la audiencia al ICE", se detalla en la resolución.
El BNCR solicitó al despacho judicial que se ordene a la institución autónoma la toma inmediata de la obra, la cual está paralizada.
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Además, de resguardar la infraestructura construida, a fin de no perder la obra civil edificada.
"Indudablemente, nos encontramos ante un tema que requiere de un análisis pormenorizado, al ser un tema delicado (...), por cuanto se ve involucrado, no solamente las finanzas de la institución bancaria, sino además el medio ambiente", se dice en el escrito judicial.
El Tribunal consideró que otros alegatos del BNCR, como que el ICE asuma las costas del proceso judicial, podrán estudiarse cuando se resuelva el tema por el fondo.
