EscucharEl tema de hoy se enmarca dentro de los aspectos anecdóticos del derecho tributario. Se trata del proyecto para adicionar el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
El tema es el siguiente: de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, son gastos deducibles de la renta bruta “aquellos que sean útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio”. Esto en la medida en que los gastos cumplan con el principio de causalidad, es decir, mientras sean destinados a producir las rentas gravables o mantener la fuente productora de la riqueza.
Ahora bien, la misma ley establece una lista no taxativa de los gastos no deducibles de la renta bruta, disponiendo que se considerará gasto no deducible “cualquier otra erogación que no esté vinculada con la obtención de rentas gravables”.
Esos gastos son erogaciones que los contribuyentes realizan pero que el fisco no las acepta para efectos de impuesto sobre la renta y, por lo tanto, no pueden ser confrontados contra los ingresos gravados.
El proyecto del Poder Ejecutivo consiste en adicionar el reglamento para que en forma expresa indique que los gastos incurridos por concepto de pago de sobornos o por cualquier tipo de dádivas que el sujeto pasivo o empresas vinculadas paguen por la obtención de ciertos beneficios, aunque los mismos puedan contribuir, directa o indirectamente, con la producción de rentas gravables, no pueden considerarse deducibles de la renta bruta, a efecto de determinar el impuesto sobre la renta.
Es decir, el pago por sobornos o dádivas a funcionarios públicos o privados, no podrán tener la consideración de gasto deducible por constituir más bien un delito tipificado en la legislación penal costarricense. Se considera que la aceptación de estos pagos como gasto deducible, implicaría una forma indirecta de otorgarle legitimidad a este tipo de conductas ilícitas.
El nuevo párrafo final del artículo 12 del Reglamento dirá entonces: “En ningún caso serán deducibles de la renta bruta los pagos de dádivas que el sujeto pasivo o empresas vinculadas a este realicen en beneficio de funcionarios públicos o empleados del sector privado, con el objeto de agilizar o facilitar una transacción a nivel transnacional o nacional” . El artículo resulta claro, conciso, didáctico y curioso.
