El Poder Judicial tardó 17 años en revertir una revaluación errónea de la pensión otorgada a exmagistrados, desde enero del 2004, hasta que en mayo pasado redujo el monto del beneficio mensual a cinco exfuncionarios en más de ¢500.000.
Aún falta por disminuir el beneficio a tres altos exfuncionarios judiciales a quienes no se les ha podido encontrar porque no tienen domicilio conocido, ni un correo electrónico para enviarles la notificación de la medida. También debe hacerse un cálculo de los montos pagados de más a estas personas, por casi dos décadas, e iniciar el proceso de cobro.
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Así lo confirmaron a La Nación Arnoldo Hernández y Oslean Mora, presidente y director ejecutivo interino, respectivamente, del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. También así se expone en el oficio N° PJ-DGH-AP-2133-2021, de 28 de mayo, efectuado por la Dirección de Gestión Humana de la Corte.
El error en el pago adicional se descubirió, en el 2007, mediante un informe de la Auditoría Judicial. En ese entonces se reveló que eran 19 los exmagistrados a quienes se les aplicó dos veces el aumento semestral del 5%, por costo de vida, sobre los gastos de representación.
Sin embargo, la Junta Administradora del régimen solo establecerá medidas contra ocho, porque 11 de las personas fallecieron durante los últimos años, según constató La Nación con base en actas de la Corte Plena, el Consejo Superior y una revisión en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los exmagistrados a los que se les realizó una revaluación incorrecta en su pensión se retiraron antes del 2002. A las ocho personas a quienes se les hará el ajuste, tenían un beneficio bruto mensual promedio de ¢6,7 millones. Además de la baja de ¢500.000 por mes, se les efectúan los rebajos de cotización para el sistema, el aporte solidario y la deducción del impuesto sobre la renta.
“A los exmagistrados se les hizo un cálculo mal y se les había reconocido unos gastos como rubro (en la pensión). A cinco se les comunicó, pegaron el brinco en el cielo. A tres no hemos podido localizarlos realmente por ningún medio”, destacó el Presidente de la Junta Administradora.
Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Administradora explicó que, según el debido proceso, a los jubilados se les debe notificar de manera personal. Pero en el caso de las exmagistrados que no se han podido localizar se hará vía edicto.
“La mejor analogía es como si los papás se mudaron a una casa nueva y dejaron la casa vieja. Entonces se va dando cuenta que nunca entubaron la parte eléctrica, nunca hicieron la limpieza del tanque séptico y uno va, poco a poco, cambiando esos elementos. Pero ya se logró hacer el rebajo directo a cinco de ellos y el monto de la jubilación se les ha ajustado a la baja por montos de más de ¢500.000”, reconoció Mora.
Cobro del pago de más
La reducción en monto de la pensión de los exmagistrados tuvo, durante casi dos décadas, diferentes obstáculos a lo interno del Poder Judicial. Además por la oposición de los propios beneficiarios quienes establecieron recursos de revocatoria, recursos de amparo en la Sala IV y demandas en la vía contenciosa-administrativa.
En los últimos años, este caso llegó en varias ocasiones a discusión en la Corte Plena, para decidir la forma de recobrar los dineros pagados de más.
En febrero del 2020, dicho órgano conoció el oficio 476-DJ/CA-2020 de la Dirección Jurídica del Poder Judicial en el cual se detalla el motivo por el que no se pudo iniciar el proceso administrativo de cobro desde el 2018.
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“Esta Dirección ha venido realizando esfuerzos para lograr obtener los insumos para cumplir con lo ordenado en cuanto a la tramitación de los expedientes ordinarios administrativos y a la fecha no nos resulta posible definir un tiempo determinado para continuar con el trámite, ya que se encuentra pendiente la remisión de los montos girados de más a cada una de las personas deudoras”, explicó Argili Gómez, directora Jurídica interina.
La Dirección de Gestión Humana de la Corte es la encargada de establecer el monto de pago de más en el caso de los ocho exmagistrados. Gómez explicó, en el documento enviado a Corte Plena, que se requiere la precisión de los montos a recuperar para poder iniciar el cobro administrativo.
El Departamento de Personal, del Poder Judicial, efectuó un cálculo del dinero pagado adicionalmente en abril del 2011. En ese momento, la entidad determinó que entre enero del 2004 y enero del 2010, los 19 exmagistrados recibieron ¢174 millones adicionales a raíz del pago doble en el rubro de gastos de representación.
A los ocho exfuncionarios con vida se les otorgó, durante dicho periodo, ¢79 millones de pago de más. Mientras que, a los 11 fallecidos, fueron ¢95 millones, según el oficio N° 119-UJP-2011 del 4 de abril de 2011.
Los voceros de la Junta Administrativa del fondo de pensiones explicaron a La Nación que solicitan informes periódicos a la Dirección de Gestión Humana sobre el avance del proceso de cálculo de las sumas pagadas de más.
“La etapa de cobro primero pasa una etapa administrativa donde se determina la deuda, por las diferentes razones, y se le notifica la deuda. A la persona se le da la opción de hacer un arreglo de pago. Si la persona no acepta, se entra a una etapa de juicio”, explicó el director ejecutivo interino del órgano.
El Presidente de la Junta dijo que es muy probable que el reclamo de los recursos vaya a la vía judicial.